¡Volvió el canje!: bares privados por espacio verde

Se supone que cuando un gobierno, en pleno fervor electoral, está haciendo algo que lo favorecería en las urnas, lo difunde a los cuatro vientos y con todo el plus que le confiere su vigencia en el trono. Pues, no. El Gobierno de la Ciudad ha elegido el “misterio promocional” en Parque Chacabuco para iniciar la implementación de la polémica ley que le permite instalar bares ladrones de verde en los espacios públicos. ¿Será que no confía en la aprobación popular y prefiere –como de costumbre– entregar hechos consumados?

Así las cosas, los vecinos agrupados en la Asamblea Parque Chacabuco, se movilizaron el domingo 31 de mayo para rechazar la decretada instalación invasiva dentro del espacio verde. El viejo parque que diseñara Tays hace 112 años tiene/tenía una superficie de 20 hectáreas, a la que ya se la han cercenado 12: “cinco escuelas, un polideportivo, un centro cultural, una estación saludable, un estacionamiento privado, un centro de Vialidad, una entrada a la estación de subterráneo, calles internas y el bajo autopista”. Como si toda esta usurpación de verde fuera escasa, el Gobierno de la Ciudad ha decidido usar al parque para el debut de su programa de “bares en plazas”, que prevé el montaje de un área con servicios gastronómicos, baños públicos, estacionamiento para bicicletas y espacio para actividades culturales. En el caso que nos ocupa, la obra ya fue adjudicada y se prevén intervenciones similares en más espacios verdes de toda la Capital y en el propio parque que, por sus dimensiones, podría albergar hasta cuatro de estas “instalaciones”.

La licitación determina que la obra tendrá una superficie total de 260 metros cuadrados con un espacio para venta de bebidas y comidas, sanitarios, áreas para mesas y sillas, estacionamientos para bicicletas y una biblioteca. La construcción costará al erario –sí, todos los porteños pagamos estos engendros de negocios para privados– 4,5 millones de pesos y se prevé su comienzo en el mes de julio y finalización en octubre de este año. Vecinos y organizaciones sociales rechazan la propuesta señalando que se trata de una privatización del espacio público y una reducción del verde en la Ciudad.

La ley que permite instalar bares en plazas y parques fue impulsada por… –Acertijo: ¿a qué partido pertenece el legislador que propuso la norma? ¡Sí, señor, se ha ganado la licuadora…!–  el legislador del PRO José Luis Acevedo y fue aprobada en mayo de 2014. A un año de su sanción, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que entiende mucho de espacio público –de cómo invadirlo– y poco de ambiente, puso en marcha la construcción del primer local gastronómico en Parque Chacabuco, con un plazo de obra de tres meses, entre julio y octubre de 2015. Una vez terminado, será concesionado a un privado. La superficie máxima para el despliegue de mesas y sillas será de 30 metros cuadrados cubiertos y de 100 descubiertos. Además, tendrá que estar a más de 50 metros de la calle para que no compita con los comercios ya instalados en los alrededores. Por ley, no podrá vender bebidas alcohólicas ni cigarrillos.

Paula Castelli, vecina que integra la Asamblea de Parque Chacabuco –organización que forma parte de la Red Interparques y Plazas, un conjunto de organizaciones barriales que se formó en 2014 como respuesta a la intención de sancionar el proyecto de ley de Acevedo que luego se transformó en ley–, declaró a Página 12: “La instalación del bar implica una privatización de un espacio que es de todos. Además, le quita espacio verde a un parque que, ya de por sí, está muy maltratado”.

Y agrega: “En Capital hay sólo 1,8 metro cuadrado de espacio verde por habitante, mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda tener entre 12 y 15. La Constitución de la Ciudad dice que el gobierno debe promover el incremento de los espacios verdes. La ley que permite la construcción de bares es ilegal, atenta contra la salud, pero siguen sacando verde”. El aparente contrasentido de que una ley sea ilegal tiene su meollo. “La decisión del gobierno fue sin ningún tipo de consulta a la Comuna 7. Los vecinos no saben, hay muy poca información. Cuando se enteran se asustan y la rechazan. Ellos quieren un parque libre y público”, afirmaba Paula Castelli comenzando a desenredar el ovillo. Las Comunas inconsultas son una clara contravención a la ley 1777 –ley orgánica de Comunas de de septiembre de 2005– he aquí su flagrante ilegalidad.

Al actual Gobierno Porteño nunca le preocupó, en el espacio público, otra cosa que el negocio privado y abusa de su democrática mayoría parlamentaria para imponer el provecho para unos pocos en desmedro de los muchos, votado por los muchos que aun no han superado el síndrome de la conquista española: les siguen vendiendo globitos de colores y maquillaje bien diseñado. Porque, a no dudarlo –ésa es la trampa, como lo fue la funcionalidad del edificio comunal en la Plaza Mariano Boedo– la construcción será “exitosa” como gusta calificar la satrapía neoliberal a sus negocios privados con habilitación pública; el bar será un éxito estético y de concurrencia, para los que puedan pagar su ubicación en un espacio –con la carencia que hay al respecto– robado  al imprescindible verde público.

El metamensaje final, obviamente no verbalizado para no ofender a los valores republicanos, es: ¡Jódanse! ¿Quién les manda a no tener plata para pagar su consumo en estas construcciones tan PRÓdigas que les hemos hecho con lo que les sacamos con el ABL? –Pero, señor, ésto era espacio público…, gratuito… –Dice Ud. bien, ciudadano…, era…, era…