Urnas de ayer y de hoy

Por María Virginia Ameztoy

En octubre de 1916 llega a la Casa Rosada Hipólito Yrigoyen*, el primer presidente electo en comicios libres mediante el voto secreto que impone la Ley Sáenz Peña.

Veníamos de un continuo proceso de exclusión llevado a cabo por un Estado que, desde sus inicios, fue apropiado por las clases que conformaban la oligarquía imponiendo sus pautas hegemónicas sobre toda la sociedad, la exclusión social, el cierre de la ciudadanía y la subalternización de las mayorías populares. La dominación oligárquica constituyó un Estado del cual se autoerigió como su representante.

Para los constituyentes de 1853 la soberanía popular sólo significaba una declaración de principios. Los artículos 14 y 16 proclamaban exclusivamente la libertad jurídica, mientras no se hacía referencia alguna a la igualdad política.

La emisión del voto “cantado” –en voz alta– inhibía al votante y lo privaba de su libertad de elección, ya que si el sufragio era opuesto a los caudillos dominantes corría el riesgo de perder el trabajo o, en casos extremos, la propia vida. El fraude era moneda corriente, y los sectores dominantes validaban las libretas de los fallecidos, quemaban urnas y falsificaban padrones.

Con ese trasfondo histórico, inaugurando la vigencia de la Ley Sáenz Peña (1), un 12 de octubre de hace 100 años asumía Hipólito Yrigoyen, surgido del voto popular en los comicios del 2 de abril de 1916.

En aquel entonces los votantes elegían por voto indirecto, es decir, votaban a los representantes del Colegio Electoral, sistema que recién fue eliminado con la Reforma Constitucional de 1994.

La elección de 1916, por primera vez obligatoria, contó con una participación del 62,71% de individuos varones con derecho a voto ya que excluyó de plano a las mujeres –el voto femenino sería aprobado más de 30 años después, en 1949–. La fórmula ganadora, Hipólito Yrigoyen – Pelagio Luna obtuvo 336.980 votos, el 46,83% de los sufragios y en el Colegio Electoral, 152 electores contra 104 del segundo, el Partido Autonomista Nacional.

Sólo catorce años duró la vigencia de la institucionalidad, ya que el golpe de septiembre de 1930 interrumpió violentamente el proceso democrático. Luego de la breve dictadura de José Félix Uriburu, volvió a instalarse el fraude electoral y el 8 de noviembre de 1931, con la oposición encarcelada, sus dirigentes perseguidos, y haciendo caso omiso de la Ley Sáenz Peña el general Agustín P. Justo, fue “electo” presidente de la República.

Comienza así casi medio siglo de continuos golpes de Estado, con breves lapsos de gobiernos elegidos democráticamente. Enumerarlos a todos escapa a los propósitos de este artículo, pero sí podemos afirmar que la tenaz negativa de los sectores dominantes a rever pautas distributivas y a reconocer formalmente los derechos laborales, responde al temor de esos sectores a la pérdida de sus privilegios y a la consecuente necesidad de imponer por la fuerza su proyecto económico de exclusión.

Un somero análisis de los golpes de Estado revela el progresivo ascenso de los grupos financieros del capital concentrado. Así se arribó a que su proyecto ideológico político económico fuera apoyado por las urnas, primero en 1995, luego en 2015. Gobiernos que responden a rajatabla a la lógica y los mandatos del capital financiero internacional por medio de sus aliados nacionales.

En la actualidad los países de la región sufren el azote de este nuevo plan Cóndor, esta vez sin la amenaza de golpes militares sino por medio de lo que ha dado en llamarse “golpes institucionales”, concepto contradictorio pero que alude a la utilización y a la malversación de las herramientas provistas por el orden institucional. La reciente destitución de Dilma Roussef en Brasil, el derrocamiento de Lugo en Paraguay, el intento de Ecuador, la desestabilización de Venezuela, son claros ejemplos de lo dicho.

En las sociedades de la región se vive con la idea de que la legitimidad y la legalidad en cualquier momento pueden tener su punto final.

El centenario del primer gobierno elegido por el voto popular llega en momentos en que las nuevas arremetidas del poder económico-financiero pretenden consolidar la transferencia de ingresos a los grupos del poder “fáctico” con el propósito de provocar el total vaciamiento de los activos del Estado.

Las urnas en el cuarto oscuro que hace cien años fueron garantía de legitimidad popular, han sido manipuladas mediante el masivo monopolio de la información. Se convence al pueblo del hastío y se preconiza el “cambio” con oscuras e irrealizables promesas. Ya no son necesarios los cuartelazos, la quema de las urnas ni el voto de los muertos. Con el engaño a los que luego resultan las primeras víctimas del fraude mediático, es suficiente.

 

(1). Ley Sáenz Peña (Ley 8.871). Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 26 de marzo de 1912.

(*). Hace 100 años asumía Hipólito Yrigoyen, el primer presidente electo mediante la Ley Sáenz Peña. Ya no son necesarios los cuartelazos, la quema de las urnas, ni el voto de los muertos. Con el engaño a los que luego resultan las primeras víctimas del fraude mediático, es suficiente.