Un regreso cuestionado
El fallo de cámara que respalda al juez Gallardo. Horacio Cafferata
El culebrón sobre las formas del retorno a las clases presenciales en las escuelas porteñas, tiene ahora el golpe de timón que acaba de darle la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires al rechazar la recusación del Gobierno porteño contra el juez Roberto Gallardo. El magistrado retoma la causa en la que aun solo se había pronunciado sobre el tema sin emitir su fallo en la causa de fondo. El juez, que se había apartado del caso hasta tanto se resolviera la recusación, puede retomar su tarea en la que había sido reemplazado por su colega Ana Cabezas Cescato.
Los camaristas Fernando Lima, Esteban Centanaro y Mariana Díaz resolvieron que “No surge, ni el GCABA ha aportado elementos para acreditar que el magistrado se haya excedido en sus funciones”. “Como tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que provoque el apartamiento del juez que suscribe un pronunciamiento, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir”.
La causa no tiene un fallo de fondo sino un pedido de informes y la citación a audiencia. Gallardo tramita un amparo en el que solicitó que el Gobierno de la ciudad informe si ante el regreso a clases presenciales para el ciclo 2021 tenía previsto testear contra el coronavirus al personal docente y no docente.
El juez le requirió esa información al Gobierno porteño y citó a una audiencia virtual a los ministros Acuña y Quirós. Al día siguiente el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recusó a Gallardo por presunta “falta de imparcialidad” en las decisiones que tomó.
La Cámara fue contundente a la hora de responder a una de las causales del pedido de recusación. “Es fundamental aclarar que no está en cuestión aquí la conducta del juez de primera instancia que la demandada parece intentar atacar in totum, en toda su historia de magistrado; cualquier consideración de tal orden excede en forma palmaria el ámbito propio de una herramienta procesal como la invocada en este trámite”. Cabe destacar que en el cuestionamiento al juez se alude a una mayoría de fallos adversos de su parte hacia el Gobierno porteño.
Por su parte, la fiscal ante la Cámara Nidia Cicero había pedido el apartamiento de Gallardo por la “marcada mediatización de este juicio”. La fiscal señaló que las decisiones que tomó Gallardo no alcanzan para sacarlo del caso pero que “en el contexto social y mediático que rodea la causa al estar vinculada con una cuestión altamente sensible como es el retorno a las aulas en forma presencial durante el ciclo lectivo 2021, estado de cosas del cual los magistrados, según creo, no podemos ser indiferentes, opino que corresponde acceder al planteo recusatorio”.
La fundamentación y tozudez con que el Gobierno porteño defiende su postura de fecha y forma del retorno a las aulas pone en evidencia el propósito de porfía política en el que Larreta ha sumergido al tema.
Consultado sobre la supuesta intencionalidad política de la decisión de Gallardo, el ministro de Salud de la Ciudad Hernán Quirós resaltó que “esta pandemia ha traído demasiado dolor, en todas las dimensiones del ser humano” para que él, quien dijo es únicamente responsable de “acompañar el cuidado ciudadano en lo sanitario”, le dedique tiempo y energía a ese análisis, el cual “no aporta nada a la hora de mejorar la estrategia sanitaria de la Ciudad”.
Igualmente, la Ministra de Educación porteña Soledad Acuña también declaró su voluntad de dar explicaciones sobre su estrategia de cuidado frente al regreso de las clases presenciales. Sin embargo en conversación con Radio Continental, la funcionaria que se ha destacado por su rispidez cuando se habla del tema resaltó que “habría que preguntarle (al juez) cuál es su intencionalidad”, un comentario a todas luces inapropiado para el pronunciamiento de un juez sobre un tema protagónico en la vida pandémica de los porteños.
Como sostiene el abogado Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad: dada la “desinversión en infraestructura, la falta de previsión durante todo un año, el incumplimiento de los protocolos, la falta de suministros sanitarios de la gestión Larreta/Acuña, en CABA no están dadas las condiciones para la presencialidad”
