Medios barriales
Los Medios Barriales, particularmente los gráficos, estamos pasando por una situación económica y financiera entre complicada y grave, ya que entre los meses de marzo y abril los costos de impresión sufrieron aumentos del orden del 33%, porcentaje imposible de trasladar a los anunciantes.
Los que formamos parte del núcleo de medios vecinales amparados por la Ley N° 2.587 –sancionada el 6 de diciembre de 2007– que favorece con pauta publicitaria del GCABA a los que cumplan con las exigencias de dicha norma legal, estuvimos largo tiempo sin percibirla y aún hoy lleva un atraso de 5 meses. A ello se agrega que el valor por ley de la pauta se ajusta por el diario de mayor tirada (Clarín) que no parece tener urgencia en actualizar su valor publicitario.
El aumento desmesurado de los costos, la demora de cobros, la retracción de anunciantes y la falta de actualización de la pauta están llevando a los medios barriales gráficos a un acorralamiento sistemático que puede precipitarlos, de no mediar drásticas correcciones de las dificultades, al acallamiento de las –en estos momentos más que nunca– imprescindibles voces vecinales.
La Dirección
Luz roja encendida para los medios Pymes
Osvaldo Frances ante la CIDH-OEA : “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir”
Osvaldo Francés, presidente de ARBIA, la asociación que representa a los medios de comunicación PYMES y de arraigo local de Buenos Aires y el interior de la República Argentina, aseguró en Washington, ante la Comisión Interamericana de DDHH, que los medios de comunicación que son mayoría en el país, están condenados a desaparecer de proseguir el estado argentino con políticas que favorecen la concentración mediática.
Ante los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, citado por la CIDH, el dirigente aseveró que “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama”.
Francés fue vicepresidente del COFECA, organismo creado por la Ley de SCA 26.522, que estaba integrado por representantes de cada una de las provincias, de los gremios de la comunicación, entidades empresariales de medios, las universidades, las cooperativas y los pueblos originarios, entre otras representaciones de la sociedad civil. A pocos días de asumir, Macri firmó un DNU, que sin más trámites, modificó la LSCA y disolvió el organismo.
Al respecto Francés explicó que “las funciones (del COFECA) eran amplísimas Ad Honorem y en representación de todas las organizaciones de la sociedad civil”, antes había advertido que “Nosotros siempre vimos la película completa desde la sociedad civil, nunca vimos la foto y creemos que hoy estamos viendo una película que ya la vimos, una película repetida”.
En su contundente alocución el también presidente de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina (CoRaMeCo), y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, advirtió que su sector “con estos DNU no podrá competir contra los grupos concentrados, dado la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración, que es fundamental”.
ARBIA fue una de las organizaciones que integró la delegación que recurrió al organismo internacional a raíz de las afectaciones al derecho a la libertad de expresión por parte del gobierno de Mauricio Macri con sus decretos que modificaron el marco regulatorio previo de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.
En la audiencia se expusieron los argumentos de los peticionantes, que mostraron y ejemplificaron regresiones a partir de la adopción de los DNUs en el sector de los medios, y las respuestas del gobierno, que se limitó a criticar el desempeño de los gobiernos kirchneristas y a prometer una futura ley que repararía, hipotéticamente, algunos de los abusos enunciados.
Después de escuchar a las partes, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli recordó que “la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información” y le preguntó al Estado “qué va a hacer, si es que algo va a hacer” y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las audiencias.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4159&v=19PLdKiUEng
https://flic.kr/p/FEP6Rq
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Cuestión de contexto, por Horacio Verbitsky Pagina12
El Estado no respondió ni una de las cuestiones que plantearon en la sede de la OEA el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator para la Libertad de Expresión y las organizaciones de la sociedad civil. Con diatribas al pasado y promesas inverificables de un futuro refulgente, hicieron silencio sobre los hechos consumados que refuerzan la concentración, silencian el pluralismo, reducen la diversidad, y afectan derechos humanos básicos en una sociedad democrática.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296599-2016-04-10.html
https://flic.kr/p/FaEtMK
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Muchas preguntas y pocas explicaciones -Por Coalición por una Comunicación Democrática – Perfil
El Gobierno dejó interrogantes a la hora de justificar el incumplimiento de principios jurídicos básicos afectados por los DNU en telecomunicaciones
Representantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a especialistas en derecho a la comunicación, denunciaron este viernes en Washington el intento de “gubernamentalizar” los órganos de control de la comunicación audiovisual mediante la creación por decreto del ENACOM, y la imposición de reformas a favor del mercado que contradicen al sistema democrático, en tanto afectan regresivamente la distribución de la palabra.
http://www.perfil.com/politica/Muchas-preguntas-y-pocas-explicaciones-20160409-0066.html
https://flic.kr/p/FaEtuR
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Ante el avasallamiento autoritario a la libertad de expresión y a la pluralidad de voces
La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) repudia el aval legislativo otorgado sin consulta previa ni apertura de la discusión a ninguno de los actores relevantes del campo a los decretos presidenciales 13/15, 236/15 y 267/15, los cuales atropellan no solo a ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino al derecho humano a la comunicación.
Los decretos ratificados avasallan a los entes autárquicos que emanaban de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital (AFSCA y AFTIC) y modifican su constitución, creando una nueva autoridad de aplicación, el Ente Nacional de la Comunicación (ENACOM), en el que el Poder Ejecutivo podrá elegir a la mayoría de los miembros del directorio y remover incluso a los de las minorías legislativas “sin expresión de causa”.
Además, se levantan definitivamente las barreras a la concentración mediática mediante la eliminación de la restricción a la posesión de más del 35% del mercado a una sola empresa, extendiendo de 10 a 15 la cantidad de licencias que un mismo grupo puede poseer a lo largo y ancho del país, extendiendo por diez años las vigentes, permitiendo su transferencia directa y eliminando de la consideración de “servicio audiovisual” para la TV por cable, abriendo la posibilidad de que las emisoras universitarias –entre otras– queden fuera de las grillas.
Asimismo, el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual fue expresamente disuelto por el artículo 24 del decreto 267/15 y el Consejo Honorario de Medios Públicos virtualmente desactivado, por lo que la participación de las carreras de Comunicación en la definición de políticas públicas ha sido deliberadamente eliminada.
Quienes formamos parte de FADECCOS entendemos que esta política violenta el derecho a la libertad de expresión y la pluralidad de voces, imprescindibles para la vida democrática. Ejemplo de ello es la marginación creciente a la que deberán enfrentarse los medios populares sin fines de lucro, universitarios y de diferentes organizaciones de la sociedad civil.
La ley 26.522 constituye un hito de la vida democrática por su proceso de gestación. Durante más de dos décadas, diferentes organizaciones ligadas al campo de la comunicación discutieron democráticamente los puntos fundamentales que serían la base de esa regulación. Luego de aprobada la ley por amplias mayorías parlamentarias, y sometida previamente a audiencias públicas federales, la norma y su plena vigencia fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, se trató de una ley impulsada por el Poder Ejecutivo y ratificada luego por los poderes Legislativo y Judicial.
En ese sentido apoyamos y hacemos nuestros los nuevos 21 puntos definidos por la Coalición por una Comunicación Democrática y nos comprometemos a discutir en dicho ámbito las posiciones sobre el tema. Asimismo, exigimos al gobierno nacional públicamente, y lo haremos por los canales institucionales correspondientes, se incluya a las carreras de Comunicación en un profundo debate que debería consolidar los consensos necesarios que aporten legitimidad a las políticas públicas. Nuestros saberes técnicos y conceptuales, nuestras trayectorias político académicas y nuestro rol como profesionales y formadores de profesionales de la comunicación no deberían ser gravosamente excluidos como lo fueron.
Las carreras de comunicación nucleadas en FADECCOS seguiremos bregando conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil por la plena vigencia de los derechos vulnerados, en el sendero de la construcción de una comunicación cada vez más inclusiva, plural y democrática.
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