La represión y el modelo económico

Los hechos represivos de los últimos meses en nuestro país y su vinculación con el modelo económico

Por María Virginia Ameztoy

Los hechos represivos de los últimos meses en nuestro país: ataques a trabajadores que se niegan a ser privados de su fuente de subsistencia, a manifestantes que hacen visible su preocupación por los miles de puestos laborales perdidos, el ingreso de fuerzas de seguridad a escuelas y universidades, el ataque a centros culturales y locales políticos, el arresto indiscriminado, llegan a su paroxismo con la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

La paciencia siempre tiene un punto límite llegado al cual las sociedades se rebelan y se actualiza la memoria colectiva, memoria que no refiere sólo al recuerdo de hechos pasados, sino a rescatar de la historia omitida los ataques cometidos por estados dictatoriales y dirigidos hacia la estructura social.

La apelación a la memoria para desentrañar estos hechos es relevante a la hora de intentar la regeneración, reconstrucción e integración del tejido social dañado, tanto por dictaduras militares cuanto por gobiernos que tienen objetivos desintegradores de cierre y exclusión social.

Lo que sigue a continuación es parte de un trabajo publicado en 1998 (*) que considero pertinente para enfocar el tema.

En el proceso de constitución del Estado Argentino podemos relevar dos características:

1. a) la subordinación y dependencia al centro del sistema capitalista mundial y
2. b) la consolidación del tipo oligárquico de dominación política de clase. La exclusión social y la clausura de los derechos ciudadanos pueden reconocerse como procesos paralelos y concomitantes; la subalternización de las mayorías populares por parte de los representantes de la dominación oligárquica constituyó la base fundacional para la polarización civilización-barbarie y el geno-etnocidio patagónico que dio en denominarse Campaña del desierto.

Ahora bien, la doble dependencia, de las fracciones dominantes internas a las de los países centrales y de los sectores subalternos hacia la oligarquía dominante, no respondía a lo pautado por una autoridad legítima, sino a las necesidades de instrumentar políticas para afirmar determinadas pautas económicas. Así, la dependencia se resuelve en dominación y la autoridad, en autoritarismo de Estado, y esto con el superobjetivo de imponer el proyecto ideológico, político y económico de las clases dominantes.

A principios del siglo veinte la dominación oligárquica constituyó un Estado del cual se autoproclamó como su representante. Así, la jerarquización estamental de la colonia repuso en el nuevo Estado las clasificaciones sociales y la marginación étnica.

La represión sistemática (y sistematizada) ejercida por la dictadura de 1976/1983 se instrumentó por la amenaza de la implementación de una economía del castigo, en términos de ocultamiento de ese castigo. El terror a la desaparición y a la tortura se inscribió en los dispositivos del poder coactivo del Estado, escamoteándolo y ocultándolo como hechos punitivos. Pero a la vez pretendiendo imponer en el imaginario social, la idea de un posible castigo “ejemplar” –posible aunque no reconocido desde el discurso del poder–.

La perversión de este discurso refiere así a una doble significación –la negación de los hechos represivos y a la vez la factibilidad de su ocurrencia– y se objetiva en la desaparición de los cuerpos, en una muerte sin cuerpos expuestos.

Así, la duplicidad del discurso del poder apela al imaginario colectivo para incorporar en la sociedad, desde el Estado, el saber del terror.

Cuando se hace referencia al gobierno actual como neoliberal, no tememos afirmar que es muy similar al neoconservador implementado por la dominación oligárquica de principios del siglo XX y casi idéntico al neoliberal de Martínez de Hoz de 1976; un modelo agro exportador, anti industrial y de importación de productos y bienes con alto valor agregado, generado por la mano de obra de trabajadores de los países de origen. El plan económico de la dictadura eliminó subsidios, hizo una indiscriminada apertura comercial, contrajo una enorme toma de deuda externa, devaluó la moneda, aumentó las tarifas de los servicios públicos y despidió a miles de trabajadores del Estado –dejando la puerta abierta a masivos despidos en el ámbito privado– y limitó las paritarias, entre otros grandes “cambios”.

Cuando nos referimos a la represión ejercida por la última y más sangrienta dictadura que padeció nuestro país, y nuestra región, trazamos un paralelo con la reciente desaparición de Santiago Maldonado a manos de una fuerza del Estado, la gendarmería, ya que la “desaparición forzada” es un delito que no puede ser cometido por cualquier persona, sino por personas con calidad de funcionario público, aprovechándose de esa condición. En este sentido existe una similitud con la “cacería” llevada a cabo el viernes 1º de septiembre horas después de la desconcentración pacífica del acto de Plaza de Mayo, cuando golpearon y llevaron detenidas a 31 personas, muchos de ellos trabajadores de prensa, otros, turistas y el resto simples transeúntes. Todo esto está documentado en fotos y videos registrados en el lugar.

Y el círculo se va cerrando, todo va encajando a la perfección y con un objetivo: implementar el mismo plan económico puesto en práctica a principios del siglo XX, continuado en la dictadura 1976/1983 y en la década de los 90, que es básicamente la transferencia de ingresos hacia los grandes grupos económicos concentrados nacionales y de éstos, a los centros del capital financiero internacional. Y, fundamentalmente, la exclusión de los sectores mayoritarios de nuestra sociedad a recibir los beneficios de una participativa redistribución del ingreso.

(*) Ameztoy, María Virginia: Autoritarismo, sociedad y Estado en Argentina. En: Violencia social y derechos humanos, Inés Izaguirre comp. Eudeba, 1998.