La privatización encubierta

Por María Virginia Ameztoy |

La privatización es un proceso jurídico-económico que permite transferir las empresas del Estado del sector público al privado, vale decir, a agentes económicos privados. Generalmente los procesos de privatización han sido llevados a cabo por gobiernos de derecha que en la prédica de su discurso demonizan a todo lo público denominándolo “estatal”.

A partir del año 1989 se inició un descomunal proceso de privatizaciones en la Argentina, que incluyó a empresas productivas y de servicios, activos públicos, reservas petroleras… Ese proceso de privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera del FMI y el Banco Mundial.

En algunos casos se produjo también una transnacionalización, ya que muchas empresas públicas fueron transferidas a representantes de consorcios internacionales.

Aunque parezca paradojal los procesos de privatización de la década de 1990 tienen un gran antecedente en la nacionalización de las deudas privadas que hiciera en 1982 Domingo Felipe Cavallo, al frente del Banco Central de la República Argentina, durante la dictadura cívico-militar encabezada en ese momento por Reynaldo Bignone. Cavallo estatizó la deuda externa privada traspasando al Estado los pasivos contraídos por empresas nacionales y extranjeras, generando una deuda que llevaría al país a la bancarrota. El objetivo: favorecer a grandes corporaciones y grupos económicos. En la operación resultaron beneficiadas más de 70 empresas. Entre las firmas nacionales más importantes figuraban Sevel, del Grupo Macri; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz; Loma Negra, de los Fortabat y la Compañía Naviera de la familia Pérez Companc. Entre las corporaciones extranjeras estaban Techint, IBM, Ford y Fiat. Y en el sector financiero, los bancos Río, Francés, Citybank y Supervielle, entre otros.

En este sentido, estatizar la deuda privada beneficiando a los grandes grupos de poder económico, tiene su contrapartida en la privatización de las empresas públicas, ya que los beneficiarios son los mismos.

Hoy una reprivatización en los términos de la década de 1990 resulta impensable, por lo tanto se recurre a una suerte de estrategia privatizadora encubierta, al ubicar en los cargos ministeriales a conspicuos representantes de las empresas, nacionales y, fundamentalmente, transnacionales, quienes utilizan al Estado para servirse de él.

Y esto es tan sólo el principio; la transferencia de ingresos de los diversos sectores nacionales a los representantes del centro del poder económico-financiero mundial conlleva la pauperización de todos los ámbitos públicos, con la consiguiente caída del amparo a la población y el achique, hasta la enanización, de las prestaciones sociales a los sectores menos favorecidos.

Veremos pactos con los fondos buitre, asistiremos a la depreciación de la moneda, al paulatino alejamiento del Mercosur, al intento de integrar los pactos con los mercados manipulados por Estados Unidos y el centro del poder económico financiero del capital concentrado.

2016 es sólo el inicio. De nosotros depende  ser activos protagonistas o sufrientes espectadores.