La Ciudad demolida
La identidad edilicia de los barrios ante las topadoras inmobiliarias. Mario Bellocchio
Nuestra desquiciada ciudad pasa por un período donde la voracidad inmobiliaria está totalmente descontrolada y se están perdiendo aquellos inmuebles que otorgan identidad barrial a las zonas en donde, con una llamativa connivencia, se otorgan permisos de excepción para su demolición y reemplazo por edificaciones más nuevas.
Señalaba entonces que, tanto el Gobierno de la Ciudad como las inmobiliarias son muy hábiles en su “venta de progreso”, un “progreso” que se lleva puestas a identidades e inmuebles valiosos junto a otros, justo es decirlo, de valor patrimonial nulo que, usando esa falsa excusa, terminan justificando auténticos patrimonialicidios.
Así nos vendieron los Gobiernos conservadores-liberales la 9 de Julio o la autopista 25 de Mayo –con la consecuente ristra de propiedades de todo género caídas en aras del presunto progreso–, esta última con el ominoso telón de fondo de la dictadura.
Larreta juega con la esperanza de que, con el tiempo, las razones afectivas de los defensores del patrimonio urbano se vayan diluyendo y mientras tanto, hace caja con la venta ilegal de la propiedad pública y el otorgamiento de permisos excepcionales que conceden enormes negocios inmobiliarios a un selecto clan de “amigos del alma”.
Si habrá producido alarma vecinal el ruido de las topadoras indiscriminadas que de inmediato brotaron asociaciones vecinales que intentan, con variada suerte, poner un freno al desatino. Surgieron, la Asociación Civil Basta de Demoler “por la Preservación del Patrimonio Arquitectónico de Buenos Aires”, la Fundación Ciudad, la Asociación Civil y Vecinal S.O.S Caballito y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre otras. Se destaca la originalidad de un par de arquitectas, Natalia Kerbabian y Silvina, Frydlewsky creadoras del twitt @ilustroparanoolvidar.
Ilustro para no olvidar, se ha convertido en una válvula de escape para un núcleo de vecinos que sufren la demolición silenciosa de la ciudad que siempre conocieron. “Esas casas son importantes porque conforman el espíritu de nuestros barrios, son las raíces de una ciudad que también crece a partir de sus historias”, cuenta Kerbabian, que ha creado un archivo de casi 50 edificios dibujados a mano, muchas veces basándose en imágenes de archivo porque los lugares ya no existen.
Pero quién y cómo determina qué se voltea y qué se conserva. El señalado tope de 1941 resulta ampliamente insuficiente para una voracidad que cuenta con el trámite de excepcionalidad como recurso legal para que la topadora eche por tierra planteos sociales que tratan de preservar la identidad edilicia de los barrios.
La Justicia Contencioso-Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenó “que no se otorguen autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo el registro de planos), con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941, o en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral sea anterior a dicha fecha” [Y como para dejar claro que no sólo se trata del año, agrega], “así como de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría ´Edificios Representativos´, a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales haya resuelto previamente, en forma expresa e individualizada, que el bien no posee valor patrimonial”.
Hace años, para señalar el núcleo de un interrogante solíamos decir: ¡“Esa es la madre del borrego”! y, en este caso, no es necesario el ADN para identificar el maternal origen.
El 23 de abril de 2009 la Legislatura porteña aprobó la Ley 3056 como modificación a la ley N° 2548 sobre promoción especial de protección patrimonial. La modificación le dio poderes a la Dirección General de Interpretación Urbanística –“o el organismo que la reemplace”, señala la ley– “en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) hs. para presentar la solicitud ante el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales quien deberá expedirse, resolviendo si el inmueble al que refiere la solicitud posee o no valor patrimonial”.
“Si el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelve que el inmueble posee valor patrimonial, deberá denegarse la solicitud [de excepcionalidad] y deberá darse inicio al proceso de catalogación. En cambio si el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelve que el inmueble no posee valor patrimonial, la solicitud deberá seguir el trámite preestablecido y el inmueble quedará liberado de toda restricción”.
No conformes con esta argucia legal que, como se comprenderá, deja abierta al libre albedrío de un grupo de asesores la permisiva posibilidad de “piqueta sanitaria” por “catalogación fallida”, la ley agrega que: “Si el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales no se expide en el plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos contados a partir del ingreso de la solicitud en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, el inmueble quedará liberado de toda restricción”.
O sea que a los miembros del dichoso Consejo les basta con hacerse los pelotudos durante 45 días para que la ley autorice la topadora.
¿Queda claro?
Solo un estallido del negocio inmobiliario explica esta “demoledora” manía. Veamos: entre 2011 y 2019, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó 7,5 millones de metros cuadrados de construcción en el área metropolitana. El 98% se destinó a edificios de varias viviendas y más de la mitad se concentra en solo tres de las 15 comunas que dividen la ciudad, según el Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial. El Gobierno porteño aprobó 66.000 obras registradas sólo entre agosto de 2018 y febrero de 2020. Casi la mitad, unas 24.000, incluyen demoliciones.
Ese boom de la construcción, que está cambiando la cara de barrios como Colegiales, también le está ganando la carrera a la protección de edificios históricos.
Según organizaciones como Basta de Demoler, en la capital argentina hay más de 140.000 edificaciones que caen bajo este criterio. Pero para el relevo realizado en 2011 por la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la ciudad, apenas el 13% –unos 18.195 edificios– tiene valor de patrimonio histórico y poco más de tres mil poseen respaldo legal.
“Uno ve una demolición y de repente sufre una semana, dos, y se olvida. Pero el impacto en nuestras vidas existe: nuestro alrededor se vuelve más recto, plano, deja de interpelarnos”, dice la arquitecta Natalia Kerbabian, aquella profesional que se asoció con Silvina Frydlewsky para crear el twitt @ilustroparanoolvidar.
Mientras tanto la Ciudad sigue padeciendo, y en incremento, un pavoroso déficit habitacional ya que lo construido va a parar mayoritariamente a inversores en ladrillos.
Según la fuente insospechable –en cuanto a conveniencia política de difusión– de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCABA), Dirección General de Registro de Obras y Catastro, los permisos solicitados de construcciones nuevas y superficie cubierta por destino de la obra y categoría en la Ciudad de Buenos Aires, año 2011 al 2019, el 70% de lo edificado en ese período en la Ciudad responde a características edilicias de costos muy lejanos a la capacidad de acceso del asalariado medio. Los números revelan que el 38% de las construcciones son suntuosas, el 12% lujosas, el 20% confortables y sólo el 30% restante responde a una clasificación económica de costos denominada “sencilla”.
Hace algunos años –allá por la primavera de 2011– me crucé en la Legislatura porteña con Sergio Kiernan el prestigioso periodista, director del suplemento “m2” de Página|12 quien tuvo la gentileza de escribir un artículo para Desde Boedo cuyas últimas palabras dejaban claro, muy claro, de qué se trata esta problemática inmobiliaria en nuestra Ciudad. Decía Sergio
“Sin crear recesión, sin fomentar el desempleo y sin empobrecernos de manera alguna, se podría redirigir el negocio de este sector [el inmobiliario] de modo que dejaran en paz a sectores de la ciudad que no quieren “crecer” más. No podemos seguir con este vampiro que ronda buscando oportunidades, excepciones, favores legales y que cuando no los logra quiebra la ley aprovechando que el Gobierno porteño se rehúsa a sancionarlos. No podemos ver pasivamente cómo se arruina toda la ciudad como se arruinó Belgrano o Caballito.”
“Los hombres de la industria suelen escuchar estas razones poniendo cara de superioridad, de persona realista oyendo a un romántico. Su cinismo no les permite ver que se trata simplemente de pensar el negocio de otro modo, en otra escala. Con un poco de imaginación, podrían seguir igual de ricos sin destruir nuestro patrimonio e imponernos una pobreza de vida entre torres”*.
(*) Sergio Kiernan; La vida entre torres; “Desde Boedo” Nº 196; noviembre de 2018
