Hacia el nuevo Código Urbanístico

Como era previsible, dada la disparidad de miembros de la Legislatura porteña, el oficialismo logró imponer su criterio en la votación en primera lectura del nuevo Código Urbanístico

Se trata de una herramienta de planificación urbana que se constituye en un marco clave para determinar cómo crecerá la ciudad en los próximos años. Dada, por sus características, la necesidad de segunda lectura, la Legislatura tendrá que transitar el camino de la audiencia pública para arribar luego a la votación definitiva. 

La decisión legislativa adoptada en la Sesión Ordinaria de hoy, jueves 6 de septiembre, modifica inicialmente el Código de Planeamiento Urbano –CPU– vigente desde el año 1977, que tuvo cambios sustanciales en 1989 y en 2000, con la Ley 449, y dos actualizaciones en los años 2007 y 2013.

La aprobación se efectuó en base a un proyecto propiciado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con modificaciones sugeridas por la Comisión de Planeamiento Urbano.

El nuevo instrumento legal da cumplimiento al Plan Urbano Ambiental –PUA– e incorpora, según enuncia el Gobierno de la Ciudad con discutible criterio, nuevos paradigmas para la concreción de una ciudad Integrada, Policéntrica, Plural, Saludable y Diversa, con morfologías y mixturas de usos que reconocen las identidades barriales y regulan el espacio privado desde el espacio público, con instrumentos de gestión urbano–ambiental que concretan el objetivo de la Nueva Agenda Urbana de ONU–Hábitat, y protege las áreas patrimoniales y de identidad existentes. El PUA, que se constituyó mediante la Ley N° 2.930 del 13 de noviembre de 2008, estableció en el artículo 24 que el actual Código de Planeamiento Urbano debe ser reformulado por un Código Urbanístico predominantemente morfológico.

Desde la oposición manifestaron unánimente la necesidad de modificar la legislación vigente y a la vez el desacuerdo con el proyecto, los diputados Fernando Vilardo y Marta Martínez (AyL), Myriam Bregman, Gabriel Solano (FIT), Sergio Abrevaya (GEN), Roy Cortina (PS), Carlos Tomada, Paula Penacca, Andrea Conde, Javier Andrade (UC) y María Rosa Muiños (BP).

Argumentaron desprolijidades en el proyecto cuyo texto final fue “presentado dos o tres días antes de la sesión” y “en formato en papel estuvo desordenado“. Se cuestionó el proceso participativo así como que en función de la “especulación inmobiliaria en una ciudad que tiene los mismos habitantes que en la década del 50, se habilitará construir en el tercio que resta con un avance sobre los espacios públicos“.

“En los últimos diez años en la ciudad fueron cedidas más de 200 manzanas a emprendimientos privados“, se afirmó. Y “el hecho que se construya más no derivará en que aumentará la población” en dos o tres millones como se aspira. “Las viviendas serán más chicas porque se permite construir en 18 metros cuadrados“. Por otra parte se señalaron deficiencias para la habitabilidad y movilidad de los discapacitados y que “se delegan facultades a la autoridad de aplicación por lo que el Ejecutivo podrá habilitar soluciones no previstas en el Código“.

Se aludió a “la emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires por la que hay 146 mil hogares con déficit, 255 mil viviendas vacías, es decir el 24% son ociosas; y que 980 mil personas alquilan siendo que el alquiler afecta hoy el 41% del ingreso familiar“.

También “a que el 5% de la población, 126 mil personas, viven recluidas en hoteles viejos“. Y se preguntó “¿A dónde van a vivir los pobres?”.

“Es una apuesta a la densificación no planeada sobre la base de mayor edificación limitando las alturas y amplía la constructividad, con el enrase las distintas mixturas de usos y las unidades de sustentabilidad se podrán usar muy mal al punto que cambiarán la fisonomía de barrios enteros para favorecer la constructividad” fueron algunas de las apreciaciones. Se cuestionó que sea “un modelo concentrado en la propiedad privada en detrimento de lo público, un modelo urbanístico altamente productor de fractura social dado que desconoce la dimensión humana“.

Además, se adjudicó al proyecto una política de expulsión: “La ciudad tiene hoy la misma población que en el año 1946, ahora con más construcción y con la contradicción de que por primera vez más de la mitad de quienes trabajan diariamente en la ciudad viven en el Gran Buenos Aires“. Respecto al valor del suelo se explicó que “entre los años 2002 y 2015 aumentó 569% y en la zona sur 712%” y que “en los últimos dos años se sancionaron leyes que habilitaron 2.400.000 m2 más para construir“.

María Inés Gorbea y Juan José Nosiglia fundamentaron la abstención del bloque Evolución: “si bien somos conscientes que el actual Código está desactualizado también sabemos que el proyecto actual está lejos de ser el adecuado porque no tiene una visión integral de la ciudad“. Reclamaron “una morfología urbana con identidad comunal” y advirtieron que “aumentaron los metros cuadrados construidos pero no la población y sobre un total de 1.400.000 viviendas 340 mil está deshabitadas, en los últimos 9 años la construcción de edificios aumentó 9 veces mayoritariamente en el corredor norte; la mayor parte está subconstruida con la zonas norte y este saturadas“. La legisladora reclamó soluciones habitacionales para familias de las clases media y baja de modo racional, a fin de resolver los desequilibrios de densidad poblacional y finalmente instó a “estudiar en detalle el potencial constructivo sin privilegiar el mercado inmobiliario y muchas veces la especulación“. Nosiglia reclamó antes, la sanción de la ley de plusvalía. El monobloque Mejor Ciudad que integra Marcelo Depierro también se abstuvo.

Por otra parte hubo invitaciones al oficialismo a la reflexión, para ampliar el consenso y se aclaró que “hay 40 propuestas de modificaciones presentadas que proponen cambios sustanciales, entre otras, en las condiciones de habitabilidad“.

Tras cinco horas, la votación en general resultó de 34 votos afirmativos de Vamos Juntos, 20 negativos (UC, BP, PS, FIT, PTS, GEN) y 6 abstenciones (Evolución y Mejor Ciudad).

Información basada en el material suministrado por la Dirección General de Prensa y Difusión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires – Perú 130