El sánguche de la discordia

Es hora de quitar las viandas escolares de las ávidas manos de los medradores del hambre. Mario Bellocchio

Cuando sólo faltaba una semana para el bateparche porteño del anticipo de inicio de clases con la carencia de 50 mil vacantes como contrapartida, el GCABA (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) llamó a licitación pública para definir qué empresas se ocuparán del servicio de alimentación para estudiantes de las escuelas públicas porteñas “desde el primer día hábil del ciclo lectivo del año 2022” hasta finales de 2025 –¡pavada de otorgamiento, por tres años!–

Es la eterna historia de una “concesión anunciada” –quiero tener un millón de amigos, decía Roberto Carlos– por la friolera de $50.055.347.712, vale decir, más de 50 mil millones de pesos.

En este Buenos Aires larretiano donde lo que es negocio se privatiza y lo estatal –impuestos– cae en la desmesura, el servicio de comedores escolares está concesionado a 19 empresas inventadas al efecto, que se encargan de preparar un promedio de 210.000 “desayunos” y 113.000 “almuerzos” por día para les estudiantes que concurren a la escuela pública. El encomillado no es ocioso. Con solo observar el aspecto externo desprovisto de todo atractivo apetitoso –sin hablar de los inexistentes valores nutricionales, mínimamente exigibles– la provisión de los concesionarios dista de ser satisfactoria.

La permanente renovación de hecho, “lejos de basarse en la excelencia del servicio, responde a un entramado legal elaborado por el propio gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que les garantiza ganar cada licitación que se realiza año tras año. ¿El resultado? Un mercado de estómagos cautivos que sólo en 2022 moverá más de 12.000 millones de pesos”. (1)

En las licitaciones, a partir del desmesurado valor del pliego (795 mil pesos no restituibles) todo es expulsivo para los “audaces” que intenten competir con los “amigos del poder”. Dentro de los requisitos con mayor puntuación, se encuentra que la empresa ya sea proveedora del GCABA y, más aún, su antigüedad brindando el servicio de comedores sin que revista importancia alguna el comportamiento de la empresa en su anterior desempeño. “De esta forma, empresas como Lamerich S.R.L., que en la primera y única semana presencial del ciclo lectivo 2020 intoxicó a más de 100 estudiantes de seis escuelas donde es proveedora de “alimento”, no sufrirán ninguna reducción de puntaje”.(2) El “si te he visto no me acuerdo (de tus chanchullos)” acaba con cualquier intención externa a los amigotes, de mejorar la oferta.

 

Recordar el menú inicial de la ley 11.597, de comedores escolares, sancionada el 2 de agosto de 1932, en plena década infame, sería materia suficiente para ruborizar a los funcionarios porteños de la actualidad. El menú variaba entre carbonada, guiso, polenta con estofado, tallarines, legumbres, carne y pescado. Cada almuerzo constaba de entrada, plato principal y postre, que variaba entre dulce de membrillo, batata o queso, sémola con leche, compota o frutas frescas, y que se completaba con 150 gramos de pan.

Hoy, a noventa años de aquellas provisiones, una de las ciudades más ricas de América, compite con un modesto “refrigerio” de aspecto poco apetecible, integrado por un “flexible” pebete de paleta y queso y una “barrita” de cereal. Por no hablar de las viandas de pretendido almuerzo donde la carne multiprocesada constituye un milagro divino.

 

 

 

El caballo del comisario

A aquellas viejas cuadreras en las que el equino del cana mayor ganaba por DNU se ha sumado la licitación alimentaria de la enseñanza pública porteña. Los requisitos solicitados por el GCABA sumados a los que hace prevalecer para la otorgación del servicio dejan a las claras la intencionalidad aviesa del Gobierno porteño en cuanto a transformar un concurso en una concesión vitalicia. Las mismas 19 empresas “ad-hoc”, año tras año, siguen haciéndose cargo de la alimentación escolar a pesar de las reiteradas denuncias que realizan familias, docentes y hasta organismos públicos (la Auditoría de la Ciudad llegó a llamarlos “incumplidores seriales”) por el pésimo servicio que brindan.

Dicen los investigadores del epígrafe al respecto:

“Son empresas que:

• Durante la pandemia se encargaron de proveer la Canasta Escolar Nutritiva, cobrando sobreprecios al gobierno porteño de hasta el 50%, tal como denunciamos en otros informes desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).
• (…) No tienen la obligación de presentar balances comerciales ante la Inspección General de Justicia (IGJ), como el caso de Lamerich S.R.L., que pese a manejar contratos con el gobierno porteño por 613 millones de pesos sólo en 2020, está inscripta como una Sociedad de Responsabilidad Limitada”.(3)
• En 2015, algunas de ellas (Friends Food S.A., Teylem, Siderum y Arkino) fueron aportantes a la campaña electoral de Cambiemos, al igual que la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara.

En un país en el que hay 18,3 millones de pobres y 4,8 de indigentes parece ser el momento para obligar a dejar especulaciones políticas de lado y elaborar una ley alimentaria que desbarate los negociados y priorice la calidad de este trascendental servicio que integra el aspecto educativo para preservar el normal desarrollo infanto-juvenil quitándolo de las ávidas manos de los medradores del hambre.

 

Nota basada en la investigación de Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis y Alejandro Volkind, de feb. 20 de 2022 , titulada “Nutrición, ¿lo qué?” “El GCABA sigue propiciando que el servicio de alimentación escolar sólo sea un negocio”. Publicada en https://www.elcohetealaluna.com/

1, 2 y 3, textuales de la investigación citada.