Costa Salguero, un Cromañón “high class”

Por Mario Bellocchio |

El culebrón de Costa Salguero, el ámbito donde el pasado fin de semana fallecieron 5 jóvenes –y 4 más están en grave estado– en una fiesta electrónica.

La empresa concesionaria paga un canon cien veces menor al precio de mercado para su explotación y subcontrata a otras 23 empresas. El gobierno de la ciudad percibe hoy 1,5 pesos por metro cuadrado en una zona donde se cotiza entre 160 a 250 pesos: Telemetrix –tal el nombre de la permisionaria– abona un canon mensual de $ 263.576 (Observatorio de Derechos de la Ciudad, ODC y Asociación de Justicia Ambiental, AJAM). Sin contar con que obtiene enorme rédito de las 23 subcontrataciones que realiza a “firmas” que, en su gran mayoría, figuran inscriptas con idénticas personas en sus cargos directivos. La habilitación del predio, totalmente violada por los subcontratados, es para “complejo deportivo”. Y la asignación catastral corresponde a “Urbanización Parque” (UP).

Hace poco menos de una década, el macrismo eligió Costa Salguero como su lugar en el mundo para festejar sus victorias electorales. El presidente Mauricio Macri optó por ese mismo sitio para casarse con Juliana Awada.

El predio, en sus orígenes, símbolo de la pizza con champagne, fue concedido en 1988 a Telemetrix.

En 1991, el yiojano les prolongó la concesión por 30 años.

En 2001 sus tierras, ganadas al río, pasaron de “Puertos” a la Ciudad. Desde entonces, bajo el amparo paternal de la asociación ilícita porteña, sus concesionarios no han dejado tropelía por cometer.

Todo predio privado con terrenos costeros está obligado por ley a ceder un “camino de sirga” –15 metros de la costa con recorrido público que Telemetrix no cumplía–. En 2011 el Juez Andrés Gallardo le falló en contra a la empresa en un reclamo legislativo por el citado camino presentado 3 años antes. Y la Cámara le falló en contra a la apelación que presentó el  Gobierno de la Ciudad en insólita connivencia con las firmas subconcesionarias de Costa Salguero. El cumplimiento del fallo se hizo un tolerado chicle a punto que, recién en julio de 2014, mediante una inspección ocular, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad constató que “a pesar de algunas obras realizadas por el gobierno de la Ciudad, el Camino de Sirga no reúne los requisitos indicados” –en la medida del juez Roberto Gallardo–. ¡Y andá a “sirguiarle” a Gardel!

Ya en 2002, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires había establecido que “las subconcesiones existentes en el predio Complejo Costa Salguero deben solicitar individualmente la habilitación del local comercial que explotan”, y que “no resulta viable la habilitación del complejo en su conjunto, por no estar previsto así en la legislación vigente”.

Telemetrix S.A., como si se tratase de un comentario y no del respeto de la ley intimado por la Procuración, siguió manteniendo la subcontratación del complejo a través de Centro Costa Salguero S.A., Salguero Eventos S.A. y Costa Salguero Catering S.A., y éstas, a su vez, a otras empresas para que exploten los locales. Entre las más destacadas se encuentra Dr. S.A., cuyos socios son los mismos que Telemetrix S.A. La burla de cumplimiento indica el grado de impunidad en el que se desenvuelven estos individuos.

Véase, si no: en 2009 el juez Gallardo pidió informes a la Dirección de Concesiones de la Ciudad sobre las habilitaciones y destapó que sólo 4 de las 23 subconcesionarias tenían habilitación. Entre ellas, además, la estación de servicio –ubicada en la cabecera de despegue del Aeroparque– no tenía permiso de Administración Nacional de Aviación Civil Argentina.

El juez ordenó clausurar 19 locales. Pero la Dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir el fallo judicial. Gallardo, que hizo uso de la fuerza pública, fue recusado.

La circunstancia fue aprovechada por el director de Habilitaciones del GCABA, Martín Farrell quien, en tiempo récord, habilitó a los inhabilitados, la justicia se vio obligada a levantarles la clausura… Y todos “fueron felices y comieron perdices”.

El presuroso habilitador –vaya a saberse con qué grado de control dado el vértigo impreso al trámite– tiene algunas otras joyitas en su alhajero: Martín Farrell, entonces director general de Habilitaciones de la CABA, tiene en su haber, entre otros casos, su aval a 5 agencias de cambio paralelas, denominadas “cuevas financieras”, descubiertas por el Banco Central.

Y, culminando su carrera “habilitadora”, debió renunciar por las 2 muertes producidas en el derrumbe del boliche Beara, que figuraba en su lista de aprobaciones comerciales. Parece que Mauricio Macri –entonces jefe de Gobierno de la Ciudad– vio en él a algo así como un diligente “dispensador a pedido” y lo propuso como ¡juez, en la justicia porteña! Y sólo la movilidad y empeño de los familiares de las chicas fallecidas hicieron reflexionar a los legisladores y detener el disparate.

Luego de dos años de intentar que el Gobierno de la Ciudad hiciera el camino de sirga, el incansable juez Gallardo ordenó que en las publicidades televisivas de la campaña electoral de 2013 del –entonces– ministro de Espacio Público, Diego Santilli, se colocara un impreso manifestando que “incumplía un fallo judicial”. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría revocó esa disposición mientras la firma Telemetrix denunciaba penalmente al magistrado que finalmente resultó absuelto. (Mídase hasta donde llega el tráfico de influencias para procesar a un juez que lucha en soledad por el cumplimiento de sus dictámenes).

Lejos de amilanarse, el juez consiguió algunos datos hasta entonces celosamente encriptados: en 2010 –según sus averiguaciones– la Ciudad obtenía como canon mensual 68 mil pesos, mientras que Telemetrix recibía 750 mil pesos, en promedio, por subalquilar. Restando y multiplicando, la Ciudad perdía ocho millones de pesos por año. El juez ordenó entonces a la AGIP (Rentas Ciudad) que le entregara la facturación de las subconcesionarias. Sin embargo, la dependencia del Gobierno porteño contestó que no entregaría esos datos por estar “bajo secreto fiscal”. Consecuencia directa: el Gobierno de la Ciudad cobra hoy 1,5 pesos por metro cuadrado en una zona cuya cotización oscila entre 160 y 250 pesos mientras que Telemetrix abona un canon mensual de $ 263.576 (Observatorio de Derechos de la Ciudad, ODC y Asociación de Justicia Ambiental, AJAM) por un predio de 17 hectáreas cuya habilitación es para “complejo deportivo”.

“Todas las ilegalidades que se pueden encontrar en una privatización se encuentran acá”, señaló Jonatan Baldiviezo, del ODC.

Algunas coincidencias en los cargos: En 2013 el presidente de Telemetrix era Alfredo Gutiérrez y su vicepresidente, Federico León Bensandon. Mientras tanto la firma subconcesionaria Costa Salguero S.A. comparte con Telemetrix en su directorio a Federico León Bensandon y Gabriela Bensandon. Igualmente, el presidente de Costa Salguero S.A., Diego Luis Gutiérrez, es hijo del de Telemetrix, donde también figura su madre, Graciela Ratto.

A su vez, la diputada (Pro) Carmen Polledo, vicepresidenta primera de la Legislatura porteña, tiene un marido que es miembro del directorio de Costa Salguero S.A. y funcionario de Costa Salguero Eventos, Fernando Polledo Olivera. Ambos –marido y mujer– forman parte de Rank International Corporation empresa que figura en el Registro Público de Panamá. Según la diputada, que nunca declaró tal emprendimiento, “la empresa era para un emprendimiento agropecuario que nunca funcionó y por eso no fue declarada”. ¿Y por qué en un paraíso fiscal?

Tutto in familia, hai capito?