Ciudad en venta
La inmobiliaria instalada en Perú 130 denominada pomposamente Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continúa “operando”. Mario Bellocchio
Bueno, la Legislatura logró sancionar con fecha 11 de agosto, por 38 votos positivos y 19 negativos, una ley que le permite realizar Audiencias públicas de manera virtual.
¿Y? ¿Acaso Diputados y Senadores no lo hacen? Es que no se trata de diputados o senadores cumpliendo con sus funciones viajando desde sus provincias afectados en su traslado por una pandemia, no. Son simples ciudadanos ejerciendo sus derechos de manifestación pública sobre la temática social de su ciudad, sometidos a un sistema técnicamente complejo para la mayoría de ellos, imposibilitados de hacer oír sus voces, en cuarentena.
Hace un tiempo, cualquier humilde vecino se anotaba en una Audiencia, se trasladaba a la Legislatura y hacía oir su voz dando razones para que no le vendan la sede de su asociación de jubilados o solicitando que hagan una plaza en la desocupada estación de tranvías –¿recuerda doña Porota?–. Ahora resulta que el Gobierno porteño, con sus malas artes de costumbre, dice que le consigue el sitial pandémico para su protesta a doña Porota pero en realidad a la que se lo consigue (porque doña Porota ni se anima) es a doña Cecilia Troll (o Cecilia a secas, simpatizante Pro) para que se siente frente a la laptop, donde se maneja a sus anchas, y diga que ella es evangélica y no le hace falta una plaza, que es una cueva de drogadictos, y reclame un templo haciéndo sonar un cencerro en el micrófono de la compu.
¿Y para qué querría el jefe Larreta que se “despache prestamente” esta Audiencia pública? Simple: porque está estorbando a la segunda votación de la ley que desafecta del dominio público diversos inmuebles de la Ciudad para ser sometidos luego a enajenación. Este tipo de leyes requieren –como sucedió con la de la Plaza Mariano Boedo– una segunda lectura, con la imprescindible Audiencia pública intermedia.
Pero primero es lo primero, así que el Observatorio del Derecho a la Ciudad –ODC– siempre atento a los intentos de profanación Pro, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) –a través de su coordinadora María Eva Koutsovitis– y el IPYPP con el patrocinio letrado de Jonatan Baldiviezo y Alejo Caivano presentaron una acción de amparo que la Justicia resolvió favorablemente, vale decir: las Audiencias públicas en esas condiciones no se pueden hacer. Y ¿por qué? Porque según la resolución del juez:
“hasta tanto el órgano convocante dé íntegro cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley 6 con las modificaciones introducidas por la ley 6306″ no hay Audiencia pública, ni la del 12 de agosto, ni las sucesivas. ¿Y de qué se trata este incumplimiento?
El convocante, según dictamina la justicia, debe consignar un lugar al que puedan asistir presencialmente aquellos participantes que no cuenten con acceso a medios virtuales, cumpliendo medidas sanitarias, o se garantice el otorgamiento de dispositivos informáticos y el acceso gratuito a internet.
Además, garantizar el derecho a la inscripción telefónica y la acreditación de identidad presencial en el acto.
Y el respeto del horario vespertino que establece la Ley, todo dirigido al amparo de los que carezcan de medios informáticos o desconozcan su funcionamiento, tanto que se llega a enunciar que debe utilizarse “un lenguaje de fácil comprensión para los habitantes”.
Pero, hete aquí que estos hijos de Larreta, acostumbrados a las argucias y vericuetos conque se manejan en nuestra justicia, decidieron hacer de cuenta que el amparo no regía y le dieron marcha a la Audiencia virtual con el desconocimiento –ese sí, real– de la decisión judicial y según informó la propia Legislatura, se le dio curso –Zoom mediante– a las exposiciones.
Así informaba la Direccción de Prensa (DGPrensa, Legislatura de la CABA, Perú 130 C1067AAD):
“Este miércoles también se realizó en la Legislatura –por medios telemáticos– la Audiencia Pública pertinente a un proyecto de ley que desafecta del dominio público diversos inmuebles de la Ciudad para ser sometidos luego a enajenación. La reunión fue conducida por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, Claudio Romero (VJ).
En la Audiencia expuso un funcionario del Poder Ejecutivo y se manifestaron más de una treintena de ciudadanos, con la particularidad de que varios de ellos fueron legisladoras/es del Frente de Todos.
(el resaltado es nuestro) Por otra parte, también deliberó la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público, presidida por Claudia Neira (FdT), que despachó proyectos de declaración y resolución y dio lectura a presentaciones de vecinos y organizaciones de la comunidad enviadas por correo electrónico.”
En la Audiencia se pudieron contabilizar 35 participantes expositores más 3 legisladores y la Dra. Beatriz Campos, en su carácter de secretaria del Tribunal. 32 expositores se manifestaron solicitando la suspensión de la Audiencia como lo ordenó la justicia y en desacuerdo con la venta de los terrenos. Solo 3 lo hicieron en acuerdo con la posición oficial. La Dra. Campos tuvo que aguardar hasta el final para que se le habilitara brevemente la imagen sin hacer lo propio con el micrófono. Los tres legisladores (FdT) Javier Andrade, Matías Barroetaveña y Lucía Cámpora, reclamaron repetidamente al presidente de la Audiencia que produjera un breve cuarto intermedio para consultar si le había llegado la información oficial sobre la decisión judicial del amparo. En todas sus consultas recibieron del presidente de la Audiencia Claudio Romero (VJ) idéntica respuesta: “el área que me lo tiene que notificar no me lo informó”.
En el informe de la Dirección de Prensa, sin embargo, se acotó como si hubiera anuencia opositora el hecho de que “se manifestaron más de una treintena de ciudadanos, con la particularidad de que varios de ellos fueron legisladoras/es del Frente de Todos”.
(En este link está el video de visión imprescindible https://www.youtube.com/watch?v=kuJgCLRj3d8 de la Audiencia pública.)
Matías Barrovetaeña (FdT) declaraba luego de consumada la desobediencia judicial, que “el proyecto y la manifiesta ilegalidad de seguir desarrollando de manera normal (como si lo fuera) la audiencia pública, evidencian la verdadera naturaleza del proyecto de Larreta: promover negocios inmobiliarios, dándole la espalda a las necesidades habitacionales y de equipamientos públicos que poseen muchos y muchas porteñas”.
El legislador opinó sobre la justificación del jefe de Gobierno de que la Ciudad tiene problemas presupuestarios: “La realidad es que la Ciudad tiene el presupuesto per cápita más alto de nuestro país. Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Nacional en estos días se lanzó el Plan Nacional de Suelo. Entre uno de sus objetivos, apunta a que los municipios de nuestro país puedan tener bancos de suelo de calidad para poder poner al servicio de las necesidades que poseen sus habitantes. Claramente, el Ejecutivo de la Ciudad va a contramano del proyecto de país que estamos construyendo, violando incluso la división de Poderes y nuestro sistema republicano”.
Mientras tanto, los originarios solicitantes del amparo(1), formulaban una presentación judicial(2) solicitando que se declare incumplida la medida cautelar y la nulidad de la audiencia:
- El Observatorio del Derecho a la Ciudad –ODC– la Cátedra de Ingeniería Comunitaria –CLIC– a través de su coordinadora María Eva Koutsovitis y el IPYPP. Con el patrocinio letrado de Jonatan Baldiviezo y Alejo Caivano
- Tribunal: juzgado n°2 – CAYT – Secretaría n°4 Número de Causa: Exp 5660/2020-0 Escrito: Solicita Nulidad Audiencia Pública CUIJ: J-01-00032309-4/2020-0
