Actualizaron el Código Procesal Penal de la Ciudad

La decisión legislativa se tomó para –argumenta el oficialismo– adaptarlo a las nuevas competencias que tendrá la Justicia de la CABA por la transferencia desde el ámbito nacional de atribuciones en materia criminal y correccional. Desde la oposición destacaron, entre otras argumentaciones que (Se) “ataca a las garantías individuales, otorga el poder de espiar, escuchar a quienes se movilizan en esta ciudad contra las medidas de ajuste de este gobierno”. Y denunciaron que “se busca perseguir a la oposición y a los trabajadores” y que el oficialismo “quiere instalar un estado policial”.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el jueves 4 de octubre una ley que dispone amplias modificaciones al Código Procesal Penal con el propósito de –argumenta el oficialismo– “afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local”, tal como fundamentaron las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales al dictaminar sobre el proyecto originado en la Jefatura de Gobierno.

La ley consta de 68 artículos normativos y uno de forma que actualizan el Código en el cual deben basarse los jueces, fiscales y abogados para el desarrollo y la tramitación de las causas. Se votó un despacho de mayoría de las dos comisiones legislativas intervinientes, respaldado solo por el oficialismo de Vamos Juntos. La oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista emitió dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito. Los demás bloques opositores, en el recinto, también pidieron la vuelta a comisión.

El proyecto de ley finalmente sobre 58 legisladores presentes se aprobó por 34 votos afirmativos del bloque oficialista y 24 negativos de todas las demás bancadas.

El legislador Daniel Presti (VJ) fue el miembro informante como presidente de la Comisión de Justicia y explicó los alcances de proyecto. Después de las críticas de todo el arco opositor, el propio diputado cerró la lista de oradores y refutó los cuestionamientos. “Nosotros en las comisiones siempre hemos buscado el consenso pero a veces hay una pared que impide llegar al consenso o hay otros aspectos que desconozco”, señaló.

Presti también dirigiéndose a los diputados que alegaron no ser escuchados “no asisten a las reuniones” donde se tratan los proyectos. “Con esta ley no se vulnera ninguna garantía constitucional, sino todo lo contrario y se avanza para que la justicia tenga los elementos y las normativas adecuadas”, aseveró.

Las posturas de la oposición se basaron en la  falta de atención a sus propuestas y de consulta a expertos no oficialistas, la necesidad de seguir analizando y discutiendo el texto de la norma, críticas a  políticas represivas o criminalización de pobres y peticionantes y severos cuestionamientos o dudas sobre métodos nuevos de inteligencia criminal, pero también hubo acotaciones de técnica jurídica y la queja porque no se habría consultado a académicos de fuste ni organizaciones sociales.

Hablaron en el debate Myriam Bregman (PTS-FIT), Fernando Vilardo (AyL), Gabriel Solano (FIT), Hernán Arce (PS), Claudio Cingolani y Natalia Fidel (VJ), María Rosa Muiños y Santiago Roberto (BP), Carlos Tomada y Mariano Recalde (UC), Leandro Halperín (Ev), Marcelo Depierro (VJ) y Sergio Abrevaya (Gen).

Tomada, jefe de la bancada UC, sostuvo que “votar hoy este proyecto sería una irresponsabilidad en este contexto de aumento de la conflictividad social” y su compañero Recalde habló de “criminalización de la pobreza” y de “normas restrictivas” de los derechos de la ciudadanía.

Desde Evolución, Halperín reclamó por la  falta la reglamentación del juicio por jurados e hizo un equilibrado análisis de cosas positivas y negativas del proyecto para argumentar en favor de la vuelta a comisión con el propósito de continuar el estudio.

Arce y Muiños presentaron argumentos parecidos. “Más allá de la cantidad de reuniones que efectivamente se hicieron para analizar el proyecto no participó ningún académico, no hubo ninguna consulta a organizaciones sociales vinculadas con estos temas y todos los miembros del poder judicial tuvieron reparos”, expresaron, además de hacer puntualizaciones de técnica jurídica.

Desde las bancas de izquierda se dijo que el nuevo Código “ataca las garantías individuales, otorga el poder de espiar, escuchar a quienes se movilizan en esta ciudad contra las medidas de ajuste de este gobierno”. Denunciaron que “se busca perseguir a la oposición y a los trabajadores” y que el oficialismo “quiere instalar un estado policial”.

Fidel respondió que el nuevo Código “es un gran avance” y aclaró que “seguimos lo que ya se hizo en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires, al incorporar el patrocinio gratuito para las víctimas”, por ejemplo, mientras que Cingolani afirmó que “se avanza en las garantías y el debido proceso”.
“Se está votando este código sin el acompañamiento de ninguna fuerza de la oposición”, resaltó Depierro, y Abrevaya agregó que “el debate sirve cuando hay consenso y el ejecutivo no buscó lograrlo”.

Reseña basada en el informe de la Dirección General de Prensa y Difusión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires – Perú 130