¿Aborto legal?

Hay quienes toman la polémica sobre la legalización como una contienda ética, moral o religiosa. Y se trata de algo vital para la salud pública porque, se legalice o no, los abortos se seguirán practicando: con todos los recaudos en clínicas carísimas o con riesgo de vida en los tugurios clandestinos.

La fecundación, “el inicio de una nueva vida” como la llaman algunos, se produce a pocas horas de encontrarse los espermatozoides con el óvulo. No en el útero, sino en la trompa del lado que ovuló.

Todos los métodos anticonceptivos que no permiten que ese óvulo fecundado se “anide” en el útero –ya en ese momento se llama blástula– son abortivos. La pastilla del día después, el DIU, la “inyección” que te indica el ginecólogo, “porque no me cuidé”, etc. son abortivos.

Igualmente, cuando una pareja se somete a un tratamiento de fecundación “in vitro”, a lo mejor tiene la suerte de fecundar diez óvulos. Tiene tres hijos. ¿Qué hacemos con los siete óvulos fecundados que sobran? Habitualmente se descartan. ¿Es un asesinato múltiple?

No quiero escuchar más a las hipócritas que hablan de “una vida que se pierde” y tienen el DIU puesto. O aquellas que son fundamentalistas –”por la vida”– y van a ponerse una inyección hormonal al primer atraso (que casi siempre es tarde). Ni hablar de las que están en contra del aborto, pero ni su familia sabe que alguna vez abortaron clandestinamente.

La discusión es otra: El aborto clandestino se realiza, así como la evasión impositiva, o el juego clandestino, o el acoso sexual. Son todos delitos a viva voz, que todos saben en el barrio quienes los cometen, pero nadie habla. Incluso sirven para que los políticos, jueces o policías saquen de esos delitos sus “cometas”.

El tema en discusión es la salud de la mujer, habitualmente joven o adolescente, que se lo hace igual, aunque esté prohibido, con grave riesgo para su salud, y favorece a un mercado negro de gente que la mayoría de las veces no está habilitada para prácticas médicas, en lugares tampoco habilitados, con métodos que carecen de medidas de seguridad, creando un mercado negro de plata, enfermedad, coimas, enriquecimiento ilícito, asociaciones ilícitas, hipocresía y complicidades múltiples.

Ya está prohibido y se sigue haciendo. ¿Por qué no poner límite a este problema legal, corrupto y sobre todo sanitario, permitiendo una buena atención en caso de que la paciente decida hacerlo? Por supuesto, hay que reforzar la educación sexual, la anticoncepción, la adopción y todos los mecanismos de prevención para cumplir con lo que molesta a todas las personas bien nacidas: que un embarazo no llegue a término en las mejores condiciones.

Hay que legislar sobre la realidad que se tiene, no sobre el fundamentalismo.

 

Carlos Mendoza (Médico en Clínica San Agustín, Cipoletti, Río Negro / anteriormente: médico residente en Hospital Bernardino Rivadavia, Buenos Aires / Estudió en UBA, Argentina)