A 40 años del “Proceso”

Se cumplen 40 años del inicio de la dictadura más sangrienta que hayamos sufrido los argentinos. El aniversario coincide con un momento de nuestra historia en que vemos peligrar la lucha contra la impunidad como política de Estado. La indeclinable consigna de Memoria, Verdad y Justicia necesita repasar el recuerdo de aquellos terribles momentos y darlo a conocer en sus detalles a quienes, por no haberlos padecido, pueden caer en la liviandad de repetir los errores en la equivocada creencia de que todo “cambio” es deseable por sí mismo.

 

El golpe de estado del 24 de marzo de 1976

El golpe de estado perpetrado el miércoles 24 de marzo de 1976³⁸ comenzó su preparación mucho antes de concretarse. Para entonces, la Argentina era el único país del extremo del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares (Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Bordaberry en Uruguay), sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

A mediados de 1975 –casi un año antes del golpe– una delegación de empresarios liderada por José Alfredo Martínez de Hoz, en aquel momento presidente del Consejo Empresario Argentino, se entrevistó en secreto con el –entonces– general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército, para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos porque “se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad” y solicitarle a las Fuerzas Armadas que aseguraran “el imperio del orden sobre todas las cosas” ³⁹. Desde ese momento, las reuniones entre empresarios y militares se hicieron frecuentes, con la destacada mediación de Jaime Perriaux, director de empresas como La Vascongada y Citroën. La última de esas reuniones se realizó con el –en aquel tiempo– almirante Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada.³⁹

En octubre de 1975, los militares y empresarios golpistas comenzaron a reunirse con la jerarquía de la Iglesia Católica que se comprometió a no oponerse⁴⁰. Asimismo, los militares consideraban que los partidos políticos como la Unión Cívica Radical, el Partido Federal y el Partido Justicialista no opondrían resistencia significativa al golpe de estado.³⁹

En febrero de 1976, el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones que contemplaba la necesidad de “encubrir” como “acciones antisubversivas”, la detención clandestina de activistas y opositores, desde la noche misma del golpe.³⁹

Es posible que la conducción de Montoneros supiera de la proximidad del golpe incluso con mucho más detalles que la sospecha generalizada de su inminencia⁴¹. Firmenich manifestó sobre el tema: “no hicimos nada por impedirlo porque, en suma, también el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento Peronista” ⁴¹.

El 21 de marzo de 1976 el diario derechista “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca criticaba a los políticos que daban prioridad a mantener el régimen democrático y reclamaba abiertamente el golpe militar:

“A las elecciones con muletas”, dejó escapar, en alguna ocasión, el líder radical Ricardo Balbín. “No interesa cuál sea el precio, no importan las consecuencias ni el estado de la República. Lo importante es llegar…” Quizás porque subyugado con aquellas palabras de Almafuerte supone “curables” los males argentinos cinco minutos antes que muera la República. ¡Qué increíble ceguera! ¿No cabría pensar, mejor, con el egregio Lugones, que otra vez LA HORA DE ESPADA se cierne insoslayable, para bien del mundo?⁴²

En el ámbito internacional, el golpe fue previsto por la inteligencia estadounidense y anticipado por William P. Rogers al Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en su reunión semanal el día 24 de marzo de 1976⁴³. Kissinger expresó su apoyo manifestando el interés de Estados Unidos en el golpe y su deseo de alentarlos y no hostigarlos, a pesar de las advertencias de William P. Rogers acerca del probable baño de sangre y las matanzas no sólo a terroristas sino a disidentes en sindicatos y partidos políticos⁴⁴.

A la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de estado diciéndole a la presidenta Isabel Martínez de Perón: “Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”.

Simultáneamente con el golpe, esa misma noche, se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas, como el Gran Buenos Aires, Córdoba y la zona que se extiende desde el Gran Rosario hasta San Nicolás³⁹.

 

Durante el primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El Nº 1 decía:

“Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”.

El comunicado N.º 19 establecía:

“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”.

Ese mismo día, mediante la Ley 21.264, se impusieron la pena de muerte y los Consejos de Guerra:

“Art.1: El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años.

Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte…

Art.5 …el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de dos a cuatro precedentes…

Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables… que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley.

Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años”.

 

Robert Cox, cuando era director del “Buenos Aires Herald” manifestó, en un reportaje concedido a un semanario político, al ser preguntado si había estado a favor del golpe: “por supuesto, el país no aguantaba más la situación en que estaba sumido” ⁴⁵.

Por su parte el periodista A. Graham-Yooll afirmó: “el establishment, el país, gran parte de la clase media, yo diría la clase trabajadora también, apoyó el golpe. Claro que había una enorme parte de la población que estaba comprometida políticamente que no lo hizo” ⁴⁶.

Jorge Fontevecchia escribió que “En 1976 no se podía saber que la última dictadura sería infinitamente más cruel y macabra que las anteriores y, aunque duela reconocerlo, una parte muy numerosa de la sociedad apoyó el derrocamiento del gobierno democrático de Isabel Perón” ⁴⁷.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Los comienzos

El mismo 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno dictatorial que impuso, como “órgano supremo del Estado” ⁴⁸, una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas (ejército, marina y aviación). El origen tripartito del poder, durante el Proceso de Reorganización Nacional, estableció una situación de independencia virtual de cada fuerza que, en más de una ocasión, llevó a que actuaran sin comunicación alguna entre ellas y hasta a enfrentarse entre sí. La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aviación).

También se dispuso que el mando directo del país quedara en manos de un “presidente”, con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la junta. El primer presidente designado fue el ex general Jorge Rafael Videla.

Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades provinciales (gobernadores y legislaturas) y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designando en su lugar a los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril.

Finalmente la estructura de Gobierno Nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa (CAL), integrada por tres militares designados por cada fuerza, con “facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas” ⁴⁹.

 

Los autores e ideólogos del golpe decidieron autodenominarse como Proceso de Reorganización Nacional, aludiendo de ese modo a dos conceptos fundamentales de la dictadura:

a) que se trataba de un “proceso” y que como tal “no tenía plazos sino objetivos” ⁵⁰;

b) que había que “reorganizar” radicalmente al país, implementando reformas que modificaran profundamente la economía, las relaciones laborales, el sistema político y la cultura nacional.

“En ejercicio del poder constituyente” la Junta de Comandantes impuso una serie de “principios liminares”, “objetivos básicos”, actas y estatutos para la Reorganización Nacional, al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución vigente, en lo que pudiera resultar aplicable aún. Cuatro fueron las principales normas supra constitucionales establecidas:

 

1-Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo (aprobado por la denominada “Ley” 21256, realizada el 24 de marzo de 1976 y publicada el 26 de marzo de 1976);

2-Acta para la Reorganización Nacional (realizada el 24 de marzo de 1976 y publicada el 29 de marzo de 1976);

3-Estatuto para la Reorganización Nacional (publicado el 29 de marzo de 1976);

4-Acta fijando el Propósito y los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional (publicada el 31 de marzo de 1976).

Cinco días después del golpe, el 29 de marzo, asumió Videla como presidente, y a continuación asumieron sus ministros (*)

NOTAS Y ACOTACIONES

38. Día exacto
39. Bonasso, Miguel (24 de marzo de 2000). “24 años del golpe del 24 de marzo de 1976. Los dueños de la espada”. Página/12. Consultado el 13 de febrero de 2010.
40. Mignone, E. F. (1986); Iglesia y dictadura, Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional, p. 87 et passim.

41 .Pilar Calveiro: Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70 pág.120. Grupo editorial Norma, Buenos Aires 2005 ISBN 987-545-334-X

42. Diario La Nueva Provincia, 21-02-1976.
43. The National Security Archive (26 de marzo de 1976). George Washington, ed. “March 26, 1976 – [Staff Meeting Transcripts] Secretary of State Henry Kissinger, Chairman, Secret”.
44. The National Security Archive (26 de marzo de 1976). George Washington, ed. “March 26, 1976 – [Staff Meeting Transcripts] Secretary of State Henry Kissinger, Chairman, Secret, regarding Argentina”.
45. Revista Somos, mayo de 1977 pág.68, cit. por César L. Díaz: La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de 1976 pág. 88. La Crujía Ediciones Buenos Aires 2002 ISBN 987-1004-10-9
46. César L. Díaz: La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de 1976 pág. 89. La Crujía Ediciones Buenos Aires 2002 ISBN 987-1004-10-9
47. http://www.perfil.com/contenidos/2010/08/21/noticia_0037.html Lógica binaria] por Jorge Fontevecchia publicado en Diario Perfil 21-8-2010 Acceso 21-9-2011.
48. Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo, punto 1.2.
49. Artículo 3.2.1. del Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo.
50. El 22 de noviembre de 1977 el ministro del Interior Albano Harguindeguy realizó declaraciones sobre las etapas que pretendía atravesar la dictadura. Allí Harguindeguy dijo que “nosotros no queremos hablar de plazos sino de objetivos a alcanzar”. Conf. “¿Hasta 1987”? (editorial de Bernardo Neustadt), Revista Extra, Nº 150, diciembre 1977, p. 22.

(*) Ministerio del Interior: Albano Harguindeguy; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: César Augusto Guzzetti; Ministerio de Economía: José Alfredo Martínez de Hoz; Ministerio de Educación: Ricardo P. Bruera. Ministerio de Bienestar Social: Julio Juan Bardi; Ministerio de Defensa Nacional: José María Klix; Ministerio de Justicia: Julio Arnaldo Gómez; Ministerio de Trabajo: Horacio Tomás Liendo; Ministerio de Planeamiento: Ramón Genaro Díaz Bessone.

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La legitimación (1)

Varios autores coinciden en afirmar que el gobierno militar habría gozado de cierta legitimidad “de hecho”, asociada con las características del ciclo político argentino, signado por la recurrente alternancia democracia/dictadura. Si existió algún tipo de estrategia discursiva orientada hacia la opinión pública, básicamente se habría centrado en la “apertura democrática”.
Para estos autores, el verdadero efecto consensual y de creencia del discurso sobre la “subversión” circuló con el propósito de cohesionar a los propios militares alrededor de la legitimidad de la tarea represiva. El régimen militar habría tenido dos versiones: la del teniente general Videla y la del ministro de Planeamiento,
general Díaz Bessone, proyectos antagónicos que se habrían planteado diferentes vías de legitimación, aunque ninguna de ellas se habría basado (al menos no centralmente) en el recurso de la “lucha contra la subversión”. Ricardo Sidicaro sostiene que, recién cuando se fue haciendo notorio el fracaso del régimen en sucesivos objetivos, los militares le habrían asignado mayor importancia a la “lucha antisubversiva” como elemento de legitimación. No es ésta la óptica de Isidoro Cheresky, para quien la “lucha antisubversiva” sí jugó un papel muy importante de legitimación ante la opinión pública: la misma habría incluido objetivos compartidos por el conjunto de las fuerzas políticas, por lo que el régimen se habría presentado como inevitable y aun como necesario. Para este autor, tal habría sido la fuerza de este recurso que, a medida que la oposición armada iba siendo derrotada, la legitimidad del régimen se habría ido agotando.

Nos interesa particularmente señalar que nos inclinamos a compartir la primera de estas ópticas. Lejos de minimizar la fuerza unificadora de la Doctrina de Seguridad Nacional entre los militares, creemos, sin embargo, que la visión del segundo grupo de autores tiende a simplificar un tema muy complejo. Nos interesa trabajar con la noción de unas Fuerzas Armadas divididas internamente, tal como lo han demostrado Potash (1994) y Rouquié (981).

(1) Canelo, Paula Vera (2001). “La legitimación del Proceso de Reorganización Nacional y la construcción de la amenaza en el discurso militar”.

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El Estatuto

ESTATUTO PARA EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL

Boletín Oficial del 31 de marzo de 1976

 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1976

Considerando que es necesario establecer las normas fundamentales a que se ajustará el gobierno de la Nación en cuanto a la estructura de los poderes del Estado y para el accionar del mismo a fin de alcanzar los objetivos básicos fijados y reconstruir la grandeza de la República, la Junta Militar, en ejercicio del poder constituyente, estatuye:

Artículo 1°-

La Junta Militar, integrada por los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, órgano supremo de la Nación, velará por el normal funcionamiento de los demás poderes del Estado y por los objetivos básicos a alcanzar, ejercerá el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y designará al ciudadano que, con el título de Presidente de la Nación Argentina, desempeñará el Poder Ejecutivo de la Nación.

En caso de ausencia temporaria, enfermedad o licencia de alguno de los miembros de la Junta Militar, el cargo será desempeñado interinamente por el oficial superior que lo reemplace en el comando de la fuerza.

Art. 2°-

La Junta Militar podrá, cuando por razones de Estado lo considere conveniente, remover al ciudadano que se desempeña como presidente de la Nación, designando a su reemplazante mediante un procedimiento a determinar.

También inicialmente removerá y designará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al procurador general de la Nación y al fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Ejercerá, asimismo, las facultades que los incisos 15, 17, 18 y 19 del artículo 86° de la Constitución nacional otorgan al Poder Ejecutivo nacional, así como también las que los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del artículo 67° atribuyen al Congreso.

Art. 3°-

La Junta Militar sólo sesionará con la presencia de la totalidad de sus miembros y sus decisiones las adoptará por simple mayoría. La designación y remoción del presidente de la Nación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 2°.

Art. 4°-

El presidente de la Nación tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 86° de la Constitución nacional, con excepción de lo especificado en sus incisos 1 (primera parte), 5 (en lo que respecta a los miembros de la Corte Suprema, cuya designación se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° del presente estatuto), 15, 17, 18, y 19. En lo que respecta al inciso 16 del citado artículo, los empleos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas serán provistos por el presidente de la Nación, a cuyo efecto convalidará las respectivas resoluciones de los comandos generales de las Fuerzas Armadas.

Art. 5°-

Las facultades legislativas que la Constitución nacional otorga al Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas por el presidente de la Nación, con excepción de aquellas previstas en los artículos 45°, 51° y 52° y en los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del artículo 67°. Una Comisión de Asesoramiento Legislativo intervendrá en la formación y sanción de las leyes, conforme al procedimiento que se establezca.

Art. 6°-

En caso de ausencia del país, licencia autorizada por la Junta Militar o enfermedad del presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será asumido por el ministro del Interior con las mismas formalidades establecidas para el presidente. En caso de acefalía, será reemplazado por el precitado ministro hasta la designación de un nuevo presidente por la Junta Militar.

Art. 7°-

Una ley establecerá el número de ministros y secretarios de estado que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, como asimismo sus funciones y vinculación de dependencia.

Art. 8°-

La Comisión de Asesoramiento Legislativo estará integrada por nueve oficiales superiores, designados tres por cada una de las Fuerzas Armadas.

Art. 9°-

Para cubrir vacantes de jueces de la Corte Suprema de Justicia, procurador general de la Nación y fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el presidente de la Nación convalidará las designaciones efectuadas por la Junta Militar.

Los nombramientos de jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán efectuados por el presidente de la Nación.

Art. 10°-

Los miembros de la Corte Suprema, procurador general de la Nación, fiscal general de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y jueces de los tribunales inferiores de la Nación gozarán de las garantías que establece el artículo 96° de la Constitución nacional desde su designación o confirmación por la Junta Militar o presidente de la Nación, según corresponda.

Art. 11°-

A los efectos previstos en los artículos 45°, 51° y 52° de la Constitución nacional, en lo referente a los miembros de la Corte Suprema y tribunales inferiores, el gobierno dictará una ley para proveer la integración y funcionamiento de un jurado de enjuiciamiento para los magistrados nacionales.

Art. 12°-

El Poder Ejecutivo Nacional proveerá lo concerniente a los gobiernos provinciales y designará los gobernadores, quienes ejercerán sus facultades conforme a las instrucciones que imparta la Junta Militar.

Art. 13°-

En lo que hace al Poder judicial provincial, los gobernadores provinciales designarán a los miembros de los superiores tribunales de justicia y jueces de los tribunales inferiores, los que gozarán de las garantías que fijen las respectivas Constituciones provinciales desde el momento de su nombramiento o confirmación.

Asimismo, cada provincia dictará una ley de enjuiciamiento de magistrados judiciales o adecuará la existente a la situación institucional vigente.

Art. 14°-

Los gobiernos nacional y provincial ajustarán su acción a los objetivos básicos que fijó la Junta Militar, al presente estatuto y a las Constituciones nacional y provinciales en tanto no se opongan a aquellos.

Videla. – Massera. – Agosti.

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El apogeo del Terrorismo de Estado*

Más allá del profundo error conceptual y filosófico de la “teoría de los dos demonios” que preside el Informe de la CONADEP (para no hablar de sus limitaciones políticas y sociales), hay una frase en el mismo que, sin embargo, resume muy bien lo ocurrido en esos años:

“desde el 24 de marzo de 1976 (las Fuerzas Armadas) contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.

La justificación estaba dada por la necesidad de destruir el “mal absoluto” representado por los sujetos políticos y fuerzas sociales que luchaban en pos de la libertad, la justicia, la democracia y la autodeterminación nacional. Ante un enemigo satanizado completamente, despojado de su condición humana, no había límites en la aplicación de cualquier método que pudiera ser eficaz para prevalecer en tan mortal combate. Había transcurrido escasamente un año desde la instauración de la dictadura cuando el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, declaraba en 1977 que:

“En toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen. La Argentina está finalizando esta guerra y, consiguientemente, debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. La desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra.”

Con la dictadura del autodesignado “Proceso de Reorganización Nacional” la Argentina se hundió en la etapa más terrible de su historia. No hay antecedentes en nuestro pasado, y son poquísimos los existentes en la historia universal, en donde el Terrorismo de Estado se hubiera enseñoreado de tal manera en un país. Tal como lo declara el Instituto Espacio para la Memoria,

“La Dictadura Militar instaurada en la Argentina el 24 de marzo de 1976, como parte de una estrategia global para América Latina, implementó un régimen represivo que por su naturaleza, dimensión y modalidades no tiene precedentes en la historia nacional” ³¹.

En efecto, el catálogo de delitos “atroces y aberrantes”, como los calificará la Justicia en su fallo en el juicio a las Juntas, contiene casos que exceden el más brutal arrebato de la imaginación. Y todo ello no fue producto de acciones individuales, desvíos ocasionados por “errores o excesos” –como lo reconocieran los miembros de la Junta durante el juicio– ni ocasionales episodios de ciega violencia desencadenados por las circunstancias, sino que son producto de un plan sistemático, fríamente concebido y ejecutado bajo el amparo de la total impunidad, y que conducía a una violación sin precedentes de los derechos humanos. Un plan que contemplaba secuestros de personas, a menudo en el domicilio de la víctima a cargo de “patotas” y en presencia de niños; brutales torturas, en no pocos casos infligidas en el hogar de las víctimas y ante la presencia de sus familiares; la creación de “áreas liberadas” para que las “fuerzas del orden” actuaran con total impunidad; el saqueo de los hogares en donde se producían tales tropelías; el traslado de los prisioneros a centros clandestinos de detención y su posterior exterminio por medio de fusilamientos en masa; abatimientos en “enfrentamientos armados” o por “intentos de fuga” ³²; lanzamiento de detenidos al mar; incineración e inmersión de sus cuerpos, etcétera.

El saldo de tanta barbarie, según una cifra universalmente aceptada, es de unos 30.000 desaparecidos. Pero es probable que la cifra real sea inclusive mayor debido al temor y la parálisis producida por el terrorismo de Estado y su legado, que tuvo un efecto disuasivo sobre muchos familiares de las víctimas que, por eso mismo, prefirieron no denunciar lo ocurrido.

 

Algunas de las masacres más estremecedoras:

Fátima

Se trata de la masacre más brutal de la dictadura. En la madrugada del 20 de agosto de 1976 aparecieron los restos despedazados de treinta cuerpos que habían sido dinamitados pocas horas antes. Se trataba de detenidos que se hallaban en el centro clandestino de detención de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina y que fueron trasladados a esa localidad –previamente garantizada como “zona liberada”– para su aniquilación. Eran veinte hombres y diez mujeres, todos muy jóvenes. Al exhumar  sus cadáveres, se pudo comprobar que todos presentaban orificios de bala y tenían las manos atadas y los ojos tapados. Habían sido trasladados a la zona ya muertos, donde fueron apilados y dinamitados. El Equipo Argentino de Antropología Forense pudo, muchos años después, reconstruir la identidad de diecisiete de las treinta víctimas y pudo comprobarse que la mayoría eran obreros de la fábrica Bendix. Pese al tiempo transcurrido, pudo demostrarse que una de las víctimas tenía una nota en el bolsillo en la que se leía “30 por 1”, por lo que se presume que los asesinados eran la respuesta gubernamental ante el asesinato del General Omar Carlos Actis, acaecido anteriormente ³³.

 

El “Apagón de Ledesma”

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, las fuerzas de seguridad de la dictadura ejecutaron uno de sus innumerables operativos de amedrentamiento de la población. Durante una semana, los militares provocaron cortes de luz en distintas localidades del partido de Ledesma, provincia de Jujuy, con el objeto de secuestrar a unas 400 personas. Secuestraron estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas o, simplemente, sospechosos de tener vinculaciones con las actividades guerrilleras. El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio a la medianoche en Libertador General San Martín y Calilegua. Primero la gente pensó que se trataba de un hecho sin importancia, hasta que comenzaron a escuchar los autos y los gritos y, poco a poco, el miedo fue ocupando las casas. “En esa época, quien disponía de la energía para todos los pueblos era el ingenio Ledesma, ellos eran quienes distribuían la luz”, explica Julio Gutiérrez, miembro de CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez Arédez por los Derechos Humanos). La vinculación entre el ingenio Ledesma –propiedad de la familia Blaquier– y el accionar del aparato represivo fue denunciada por numerosos testigos y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra.

Las 400 personas secuestradas esas noches tuvieron diferentes destinos. Algunas fueron trasladadas al penal de la ciudad de Jujuy, y muchas de ellas derivadas al centro clandestino de detención Guerrera. Algunas fueron liberadas a los pocos días, otras paseadas por varias cárceles y centros clandestinos del país durante meses. Treinta de ellas continúan desaparecidas³⁴.

 

Palomitas

El 6 de julio de 1976, once personas fueron asesinadas en el paraje Palomitas, departamento de Metán, al sur de la provincia de Salta. En esta provincia, en zona limítrofe con Tucumán, desde el año anterior habían comenzado a producirse numerosas detenciones de estudiantes, sindicalistas, sacerdotes y militantes sociales, todos sospechosos de ser colaboradores de la guerrilla. En la fecha señalada, el gobernador de Salta, Teniente Coronel Carlos Mullhall ordenó que siete presos –acusados de “subversivos”– retenidos en la cárcel de Villa Las Rosas, sean trasladados al penal de San Miguel de Tucumán. Al llegar al paraje Palomitas, el vehículo que los trasladaba se detuvo y a los prisioneros se les ordenó caminar alejándose de la carretera. Poco después llegó otra camioneta procedente de Jujuy con otros cuatro detenidos, a los que se les ordenó unirse al primer grupo. Seguidamente se los ametralló y sus cuerpos fueron dinamitados. El informe oficial fue que los once murieron en un enfrentamiento armado con “las fuerzas del orden”. Nunca se explicó la voladura de sus cadáveres.

 

Margarita Belén

En este caso se trata de la tortura y ejecución de 17 detenidos, en su mayoría militantes de la Juventud Peronista, ultimados en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco en la noche del 12 de diciembre de 1976 en un paraje cercano a Margarita Belén, provincia del Chaco. La masacre pretendió hacerse pasar –como comúnmente se hacía–por un episodio resultante de un intento de fuga de los prisioneros. Al igual que lo ocurrido en Fátima, la masacre de Margarita Belén se desencadenó como represalia ante el ataque efectuado más de un año antes por Montoneros a la sede del Regimiento 29 de Formosa. Tal como lo recuerda el monumento erigido como un recordatorio de esta masacre en la Ruta Nacional 11, el 12 de diciembre de 1976, siete militantes de las Juventudes Peronistas detenidos e incomunicados en la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Resistencia fueron retirados de sus celdas –con el pretexto de su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Formosa– y conducidos en transportes militares a la alcaidía de Resistencia. Víctor Marchesini, ex diputado de la Unión Cívica Radical que también estaba preso en la alcaidía, informaría luego que fueron torturados en el comedor del establecimiento, antes de ser confinados en absoluto aislamiento en celdas individuales. Pocos días antes, otros detenidos, trasladados desde otras cárceles de la provincia de Misiones, habían llegado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia y, luego, a la Alcaidía, donde se los sometió al mismo tratamiento. De acuerdo a testimonios presentados ante la CONADEP, los encargados de la tortura pertenecían al Destacamento de Inteligencia 124 y a la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco. Durante la noche llegó una comisión militar que presentó órdenes de traslado para retirar a los detenidos. Éstos fueron entregados y transportados en dos camiones militares, custodiados por un patrullero de la policía del Chaco, hasta un descampado vecino a la localidad de Margarita Belén. La versión oficial de los hechos señala que la columna que trasladaba a los detenidos fue objeto de un ataque guerrillero mientras se desplazaba por la Ruta Nacional Nº 11, y que en el combate subsiguiente, tres de los presos fueron muertos, mientras que los restantes huyeron. Sin embargo, la investigación realizada por la CONADEP demostró, de acuerdo con los informes proporcionados por un miembro de la policía chaqueña, Eduardo Ruiz Villasuso, que los presos no estaban en condiciones de darse a la fuga. Uno de ellos, Carlos Zamudio, había recibido días antes la visita de su esposa, que confirmó en declaraciones que no podía siquiera caminar por las torturas recibidas, mucho menos huir. De acuerdo a los escritos de Ruiz Villasuso, las mujeres fueron violadas, tres de los presos varones fueron castrados, y todos ellos torturados en el camino. Al llegar a Margarita Belén, fueron colocados en varios vehículos y fusilados. Los cadáveres de 10 de los muertos fueron llevados al cementerio de Resistencia y enterrados allí en tumbas cuya apertura se había ordenado el día anterior. La mayoría de las víctimas pertenecían a la JP; ocho eran estudiantes universitarios, entre los cuales había dos ex seminaristas, 4 empleados y cinco profesionales³⁵.

 

30. Teniente general Jorge Rafael Videla: declaración a un grupo de periodistas japoneses, 12 de diciembre de 1977.
31. Documento Fundacional del Instituto Espacio para la Memoria, C.A.B.A., 20/09/2005.
32. En el juicio a las Juntas se estableció la existencia de más de 700 intentos de fuga, todos los cuales fueron “exitosamente neutralizados” por las autoridades militares. Es obvio que esta figura pseudo jurídica, “intento de fuga”, pretende encubrir un liso y llano asesinato.
33. Cf. Diego Martínez, “Juicio al crimen más brutal de la dictadura”, en Página/12; Buenos Aires, 24 de abril del 2008 y Susana Colombo:“Fátima: una masacre que tiñó el pasado argentino. Treinta cuerpos fueron dinamitados en una aparente vendetta del régimen militar”, en Clarín; Buenos Aires, 20 de agosto del 2001.
34. Cf. http://www.elortiba.org/ledesma.html
35. Cf. http://www.margaritabelen.chaco.com.ar/03%20Victimas%20de%20la%20masacre .htmy http://www.margaritabelen.chaco.com.ar/ 11%20 Apa.htm

 

(*) El Terrorismo de Estado en la Argentina. Apuntes sobre su historia y sus consecuencias Osvaldo Bayer/Atilio A. Boron/Julio C. Gambina El Otro en el discurso político argentino. Selección documental Elvira Barillaro/Francisca La Greca

 

Fundamentos económicos del Golpe de Estado de 1976 (**)

La aplicación del principio de subsidiariedad del Estado en la versión realizada por la conducción económica de la dictadura militar, se funda, según Salvador Treber, en los siguientes aspectos esenciales:

a) supuesta mayor eficiencia intrínseca y natural del sector privado;

b) la necesidad de evitar o reducir al mínimo su interferencia en el libre funcionamiento del mercado, y

c) incompatibilidad fáctica entre el crecimiento del sector público y la paralela expansión del sector privado” (Treber, Salvador; 1983).

Lo que se encontraba detrás de estos supuestos ideológicos era una férrea oposición a las supuestas “distorsiones” que traía consigo el “avance del estatismo” y su consecuente “centralización dentro del Estado”.

Partiendo de esos supuestos, el achicamiento del sector público era un objetivo claro que se materializaría reduciendo y racionalizando el gasto público; “reordenando y reprogramando”, o sea reduciendo inversiones públicas; descentralizando funciones hacia las provincias y municipios; transfiriendo empresas estatales o sus funciones al sector privado, entre otras.

 “El 2 de abril de 1976 propusimos llevar a cabo reformas significativas con relación a la reducción y racionalización del gasto público; transferencias de las empresas estatales o de sus funciones al sector privado; el reordenamiento y reprogramación de la inversión pública; la transferencia de funciones, servicios y obras públicas del Estado Nacional a las provincias y municipalidades; la reforma del sistema impositivo y la mejora de la administración tributaria, la reducción del déficit del presupuesto y su financiamiento no inflacionario”  (Martínez de Hoz, José Alfredo; 1981)

 Durante toda esta etapa, el gran capital trabaja con intensidad en el sentido de concentrar capital y centralizar el control de actividades diversificadas al amparo de mecanismos de protección, financiación y subsidios estatales. Es una acumulación de fuerte inserción financiera, pero con anclajes productivos, en la que el Estado se convierte en un “socio perdedor” indispensable para todo el proceso. Desde el Estado se dirige en favor del gran capital su enorme capacidad de demanda, y se dan grandes facilidades para la especulación financiera (Ley de Entidades Financieras de 1977) y la producción industrial subsidiada, así como se permite la salida de capitales al exterior como una forma práctica de internacionalización de las operaciones. Hacia el fin de la dictadura militar, las facilidades otorgadas se completan con la virtual estatización de la deuda externa privada que, en un 90%, queda a cargo del Estado, vía seguro de cambio, avales y otros procedimientos similares.

(**) Osvaldo Bayer/Atilio A. Borón/Julio C. Gambina. (Capítulo III) “Fundamentos económicos del Golpe de Estado de 1976”. “El Terrorismo de Estado en la Argentina – Apuntes sobre su historia y sus consecuencias”.

 

Fundamentos económicos del Golpe de Estado de 1976 (***)

Introducción

Con el Terrorismo de Estado se dispone deliberada y sistemáticamente el pasaje del modelo de industrialización mediante la sustitución de importaciones (ISI) al nuevo modelo neoliberal. El cambio profundo hacia este nuevo régimen de acumulación se basó en el diagnóstico esbozado por el Consenso de Washington (CW)¹ respecto de la situación preexistente, y se propuso construir las bases para una Argentina Moderna².

El concepto de modernización sería utilizado por la conducción autoritaria para justificar todos los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que se llevasen a cabo en su gestión violando, fundamentalmente, los derechos humanos de un sector de la población. Se parte, entonces, de un diagnóstico que encuadra al país en una situación “no moderna” –la Argentina de industrialización cerrada y sustitutiva– para arribar, políticas neoliberales mediante, a una Argentina “moderna”. Así, modernización se concibe como un imperativo ético en el Programa 2 de abril, cuyo objetivo básico es el

Bienestar Humano engarzado en el contexto general del Bien Común. El concepto de bienestar tiene una faz espiritual y una faz material. La primera se vincula con tres principios que hacen al fundamento de la concepción de los valores humanos: “libertad, justicia y solidaridad”. La segunda corresponde al progreso económico, “tanto en el orden individual como en el nacional (el cual) dependerá del esfuerzo propio de cada uno organizado en un contexto de reglas generales y objetivas”³.

Sin embargo, en su correlato empírico el eje de la modernización significo, en términos de Adolfo Gilly, una certera tentativa de modificar duraderamente las relaciones de fuerzas entre las clases y de institucionalizar ese cambio.

Modernizar significa desorganizar y dividir por sectores a los asalariados, reducir la solidaridad y aumentar la competencia en el interior de la clase trabajadora (entre organizados y no organizados, ocupados y desocupados, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, calificados y no calificados, de ramas dinámicas y de ramas tradicionales o estancadas y así sucesivamente).

Modernizar significa desmantelar contratos de trabajo, leyes sociales, organización sindical y fuerza política de los trabajadores, remodelando completamente a la clase de los asalariados conforme con las nuevas necesidades del capital nacional y trasnacional asociados según nuevas formas de dominación y subordinación⁴.

De esta manera, detrás de la retórica discursiva con la que el ex titular de la cartera de Hacienda intenta legitimar el desastre socio-económico provocado por el Plan 2 de abril, se encuentra la esencia funcionalista y, mal que le pese, también la noción corporativista de su pensamiento, donde la sociedad es un mero conjunto de individuos o grupos cuyo lazo de unión viene dado por ser miembros o parte del sistema productivo. En esa línea proclama una falacia que perdurará durante más de dos décadas:

libertad de iniciativa individual como motor de la riqueza colectiva⁵.

Retomando, se parte de la premisa de que el país se encuentra en una etapa “pre moderna”, producto de los desequilibrios macroeconómicos generados por la política direccionada por el modelo ISI. El argumento del CW asociaba al proceso de ISI con la ineficiencia en la asignación de recursos y vinculaba la intervención del Estado en la economía con el origen de todos los desequilibrios. A modo ilustrativo de los niveles de aprehensión de aquel discurso, por parte de los actores de la época, Martínez de Hoz anunciaba que:

Los conceptos de sustitución de importaciones, ahorro de divisas, fomento de las industrias de mayor valor agregado, propios de la escuela mercantilista como criterio de industrialización dejando de lado el parámetro fundamental de la competitividad, se encuentran profundamente arraigados y provocan posturas irracionales que dificultan el proceso de modernización⁶.

Aun quienes no se reconocían liberales, afirmaban, no sin algo de razón que:

Lo notable de la experiencia argentina no es esta expansión del área de actuación pública sino el carácter errático del proceso y la baja eficiencia del Estado en el desempeño de sus mayores responsabilidades en el proceso de desarrollo⁷.

De esta manera, queda evidenciado que ese diagnóstico “ideológico” constituyó la base sobre la que se sustentó el liberalismo tradicional que se trasformó en hegemónico en el trayecto entre la Dictadura militar (1976) y comienzos del decenio de 1990. La consolidación del dominio del capital sobre el trabajo se representa como una verdadera “revolución conservadora”, dado que se produce en todos los planos, afectando la estructura como la superestructura de la sociedad. Es decir, que no se limita a transformar las variables económicas sino que, concomitantemente, se crean mecanismos de consenso en todos los órdenes de la vida cotidiana a fin de legitimar las nuevas reglas de juego y alcanzar la plena hegemonía. Martínez de Hoz no era ajeno a la integralidad del cambio:

El cambio era profundo; no bastaba un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales, políticas, métodos, hábitos, y hasta la misma mentalidad de los agentes económicos privados y públicos⁸.

Una revolución del paradigma socioeconómico implica necesariamente una reestructuración del orden jurídico, político y cultural, y de todas las relaciones sociales preexistentes que en él se desenvuelven. Siguiendo las aportaciones de Antonio Gramsci, para Ana Esther Ceceña (2002), la construcción de la hegemonía se da simultáneamente en varios planos: militar, creando las condiciones reales e imaginarias de invencibilidad; económico, constituyéndose en paradigma de referencia y en sancionador en última instancia; político, colocándose como hacedor y árbitro; cultural, haciendo de la propia concepción del mundo y sus valores la perspectiva civilizatoria reconocida universalmente. Sin embargo la investigadora reconoce, como lo hubiera hecho Gramsci, la centralidad de la fábrica como núcleo originario de la construcción de hegemonía. De esta manera, si la hegemonía es una construcción de imaginarios que lleva a la reorganización de las prácticas sociales, en consecuencia, ésta no es una externalidad del sistema social sino su producto más profundo. Citando a Gramsci la autora afirma que:

“La hegemonía nace de la fábrica y para ejercerse solo tiene necesidad de una mínima cantidad de intermediarios profesionales de la política y de la ideología” (Gramsci). Para Gramsci la esencia de la concepción del mundo está en la vida cotidiana, en la relación concreta y específica de los trabajadores italianos con el mundo, relación que empieza por su espacio de socialización fundamental: la fábrica⁹.

Para comprender cómo fue construido el nuevo paradigma de dominación neoliberal, es imprescindible, entonces, situarse en el nivel microsocial, más precisamente en la unidad de producción. Es allí donde operan originariamente todas las transformaciones que se verán reflejadas en el plano nacional y global. El escenario de enfrentamiento se resitúa:

…la gran novedad es el desplazamiento declarado del terreno central del enfrentamiento entre capital y trabajo a un lugar donde, en el fondo, nunca dejó de estar: la producción, el lugar de trabajo, el ámbito fabril-productivo¹⁰.

Ello explica que el mundo del trabajo sea el nuevo blanco, en términos literales, de las incipientes políticas neoliberales que datan de mediados de los setenta a la actualidad.

Sintetizando, la extensión de la dominación hegemónica en términos gramscianos es la suma de consenso y coerción. La combinación de sendos elementos garantiza la extensión del predominio en todos los órdenes de la vida social, política, cultural y, por supuesto, económica. Enfatizamos, entonces, con palabras de Ana E. Ceceña, que la dominación económica

no puede desentenderse de la violencia que le es inmanente y que se evidencia en la dimensión militar de la organización del poder¹¹.

Por tanto, existe una fuerte vinculación entre las relaciones económicas establecidas en el capitalismo con la violencia, las que son escamoteadas por una juridicidad construida a través del tiempo y que, con el Estado Nación y las relaciones interestatales junto a variadas organizaciones multilaterales, pretenden naturalizar el “orden” vigente. Ante la crisis, las clases dominantes requieren mantener el “orden” y, en todo caso, realizar reformas, transitorias o no, para restablecer el ciclo de producción, distribución, circulación y consumo de bienes, servicios y capitales.

El capitalismo nace con el sello de la violencia y la afectación integral de los derechos humanos. Ésa es la impronta del capitalismo, más allá de los adjetivos que a veces le adosan para amortiguar una historia de saqueo. Por eso, ni humano, ni salvaje, capitalismo. Desde la acumulación originaria el capitalismo transitó distintas crisis y recomposiciones, que suponen variaciones de las relaciones económicas en el marco del régimen de explotación, que es en definitiva la invariante del sistema¹².

En fin, este capítulo apunta a desentrañar los fundamentos y motivaciones económicas del Terrorismo de Estado, centrando la atención en el cambio de las relaciones socioeconómicas que se genera a partir de la aplicación de las primeras medidas neoliberales para aggiornar la sociedad al capitalismo de época. Se puede afirmar, en ese sentido, que los principales métodos mediante los que se construyeron las bases del neoliberalismo en nuestro país fueron tanto la impunidad como el terror sistemáticamente organizado por el Estado. Como consecuencia, Argentina comienza a adoptar características estructurales, semejantes a las del resto de los países de América Latina. Se produce, entonces, un cambio sustantivo en términos socioeconómicos que impacta directamente en la autoimagen del país, dado que el parámetro comparativo ya no son los Estados europeos, sino los países vecinos del subcontinente. En este escenario, signado por procesos tan diversos como contradictorios, tiene lugar un hecho insoslayable que atraviesa horizontalmente a la mayoría de la población: la precarización constante de los niveles de vida, tendencia que aún persiste. Así el atraso, la miseria y la super explotación forman parte de una realidad cotidiana que lamentablemente empieza a aceptarse como natural e irreversible.

Revertir esa situación para democratizar las relaciones socio-laborales requiere de un trabajo cultural e ideológico que recupere la memoria histórica de las formas de participación e incidencia de los trabajadores en la organización del orden económico, social y político. Es en ese sentido que este trabajo pretende, en última instancia, contextualizar en términos históricos la situación presente, con el objetivo de desnaturalizar y problematizar aquellos hechos que aparecen como determinados, irrevocables e incuestionables.

 

 

NOTAS:

1. Los exponentes del CW comenzaron a elaborar sus planteos en el marco de un proceso operado entre la crisis de mediados de los 70 y la instalación de las políticas liberal-conservadoras en Gran Bretaña y EE.UU., a fines de esa década, y sus argumentaciones se potenciaron con la caída del socialismo en el este de Europa.
2. Esta frase da título a una de las obras de Martínez de Hoz, quien fuera Ministro de Economía en el período 1976-1980, durante la primera etapa del gobierno militar que se desarrollo desde 1976 hasta 1982. El texto se denomina “Bases para una Argentina Moderna 1976-80” (1981) y describe minuciosamente la política económica del período la cual se hallaba contenida en el “Programa 2 de abril”.
3. Martínez de Hoz, José; 1981: 16.
4. Gilly, Adolfo en Martínez Oscar; 1994: 27.
5. Martínez de Hoz, José; 1981: 17.
6. Martínez de Hoz, José ; 1981: 23.
7. Ferrer, Aldo; 1980: 63.
8. Martínez de Hoz, José; 1981: 236
9. Ceceña, Ana Esther en Gambina Julio (Comp.); 2002: 160.
10. Martínez Oscar (Comp.); 1994:28.
11. Ceceña Ana Esther; en Gambina, Julio (Comp.); 2002: 173.
12. Gambina, Julio; 2008.

(***) Osvaldo Bayer/Atilio A. Borón/Julio C. Gambina. (Capítulo III) “Fundamentos económicos del Golpe de Estado de 1976”. “El Terrorismo de Estado en la Argentina – Apuntes sobre su historia y sus consecuencias”.

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Epílogo

Hace diez años, con motivo del trigésimo aniversario del golpe, María Virginia Ameztoy escribía Los muertos que vos matáis… Sus palabras resultan hoy aun más vigentes que entonces.

30.000 desaparecidos en 7 años, millones de argentinos condenados a la economía del castigo y el silencio. Discursos como Subversión apátrida, Guerra antisubversiva, Los argentinos somos derechos y humanos, entre tantos otros, se erigieron para refundar viejos contenidos fascistas bajo nuevas categorizaciones.
La represión sistemática y sistematizada se implementó en términos de ocultamiento del castigo: la desaparición, muerte sin cuerpos expuestos.
Perversión del discurso negando los hechos represivos y a la vez aludiendo a la factibilidad de su ocurrencia. Y un mundial de fútbol sirviendo de propicia cortina de humo para el ocultamiento de hechos que sucedían –entre otros cientos de lugares– a metros de donde se gritaban los goles.
El feroz genocidio llevado a cabo por la junta militar tuvo fundamentalmente un objetivo etnocida, de aniquilación de toda forma de pensamiento, acción y producción simbólico-cultural, política e ideológica que se opusiera a la sustentada por las Fuerzas Armadas, sectores de la Iglesia y la burguesía financiera aliados al grupo golpista del 24 de marzo de 1976. Acciones militares, paramilitares y policiales fueron estrategias implementadas con propósito de exterminio, desestructurando la movilización y desintegrando lazos de identidad para producir rupturas en el entramado social y la intersubjetividad solidaria. La gran burguesía financiera, en especial la asociada con el capital trasnacional, fue la clase fundamental aliada a la junta militar golpista, sector que históricamente tuvo un incremento económico progresivo tras cada golpe militar.
Pero la dictadura de 1976 exacerbó los métodos de coacción a través del terrorismo de Estado para implantar el modelo económico de exacción y transferencia de ingresos siguiendo las pautas del sistema económicofinanciero central. Para cumplir con ese mandato de reorganización de las economías dependientes dictado por el capital internacional –debido a los cambios acaecidos en el proceso de acumulación– era necesario ejercer una dominación hegemónica tendiente a la fragmentación social. Y el método utilizado fue la desaparición de personas. A partir de allí comienza la presencia de los treinta mil y el tormento de los que quedaron, maltrechos, prohibidos, exiliados, ocultos, de alguna forma también desaparecidos, negados como sujetos sociales y políticos. Y como constructores de la historia.

Desde el inicio del golpe surgieron los intelectuales orgánicos del régimen, algunos, meros oportunistas, otros, nostálgicos del retorno de “la hora de la espada”, que aún hoy siguen labrando el surco de su propia iniquidad defendiendo las mismas causas en otros contextos.
En abril de 1977 catorce mujeres despojadas de sus hijos por la dictadura comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo, caminando todos los jueves rondando la Pirámide. Catorce mujeres que impulsaron el mayor movimiento civil de resistencia, a pleno día y frente a la Casa de Gobierno intrusada por los usurpadores del poder. Fueron las Madres quienes señalaron a los asesinos luchando hasta lograr su enjuiciamientoy resguardando la memoria para rescatar de las tinieblas los crímenes de la tiranía, para tenerlos presentes e impedir que vuelvan a suceder. A cuarenta años se actualiza el dolor de la pérdida.
Sin embargo, el espacio de los ausentes nunca está vacío, lo ocupa su presencia.

La presencia de lo invisible.•